A juicio directivos de la Universidad San Martín por escándalo de estafa masiva

El fundador de la Universidad San Martín y otros dos altos directivos fueron llamados a juicio, acusados de 5 delitos.


Noticias RCN

jun 02 de 2015
09:23 p. m.

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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra tres de los directivos de la Fundación Universitaria San Martín señalados de estafa masiva a sus estudiantes y otra serie de delitos relacionados con hechos de corrupción.
El escrito de acusación fue presentado ante el Juzgado 40 Penal de Bogotá en contra del fundador de la universidad, Mariano Antonio Alvear, y los exdirectivos José Ricardo Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, quienes fueron capturados en su momento por el CTI.
Por este caso, la Fiscalía acusa a este grupo de directivos de ser supuestos autores de los delitos de estafa como delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad material en documento público.
Camilo Burbano, director del Sistema Penal Acusatorio, advirtió que en desarrollo de la investigación se detectaron 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial.
Asimismo, durante la imputación del pasado 6 de marzo, los investigadores revelaron que estas personas habrían desviado al exterior alrededor de un billón de pesos para eludir el pago de sus obligaciones.
Por este escándalo los implicados tienen medida de aseguramiento en su contra. 
En la cárcel Modelo de Bogotá están Mahecha y Caballero, mientras que, debido a su grave estado de salud, Alvear goza del beneficio de la detención domiciliaria y está recluido en su residencia de Girardot (Cundinamarca).
Según la acusación, la Fiscalía encontró que el patrimonio de esta universidad fue usado por sus directivas de manera indebida durante mucho tiempo a través de empresas con ánimo de lucro, que se pueden considerar como de 'papel' debido a que no cuentan con elementos físicos que los sustenten.
También señaló la Fiscalía que estos directivos ofrecieron matrículas a estudiantes en programas que tenían los registros de ley cancelados y evadían igualmente los impuestos.
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