A tres meses del terremoto, Defensoría advierte barreras para garantizar derechos de comunidades afectadas

La Defensoría del Pueblo advirtió que, tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia el pasado 10 de agosto, persisten múltiples barreras que afectan la recuperación de las comunidades damnificadas y el restablecimiento de sus derechos.

La entidad alertó sobre problemas en vivienda, salud, educación, ayudas humanitarias y acceso a subsidios, además de una significativa brecha de financiación para ejecutar las acciones de recuperación.

Según el informe de seguimiento, con corte al 3 de noviembre, la Defensoría registra 363.791 familias y 776.119 personas afectadas por la emergencia. Además, 104.049 viviendas permanecen inhabitables, 19.149 fueron destruidas y 119.748 presentan daños. De acuerdo con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), también se reportan 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Persisten obstáculos en vivienda, salud y educación

Uno de los principales problemas identificados por la entidad está relacionado con el Registro Único de Damnificados, debido a que no existe una ruta clara para incluir nuevos afectados, corregir errores o reportar daños posteriores al cierre del proceso. Esta situación, según la Defensoría, impide que algunas familias puedan acceder a las ayudas estatales.

La entidad también encontró inconsistencias en la clasificación de viviendas y dificultades para acceder a subsidios de arrendamiento. En Risaralda se reportaron más de 70.000 inconsistencias y miles de familias aún no habían recibido los apoyos económicos. Además, el subsidio mensual de arrendamiento de $1.050.000 resulta insuficiente frente a procesos de reconstrucción que podrían extenderse entre 12 y 18 meses.

En materia de salud, las verificaciones que reporta la Defensoría evidenciaron reducción en la capacidad de atención, demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones médicas. Mientras tanto, en educación, miles de estudiantes continúan fuera de las clases presenciales o en espacios temporales que no cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura.

Preocupa déficit de recursos para la recuperación

Otro de los hallazgos del informe tiene que ver con la financiación de la recuperación. La Defensoría indicó que el costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero actualmente solo se han identificado recursos por $8,21 billones, lo que deja una brecha de financiación de $50,08 billones para ejecutar las intervenciones previstas en el Plan de Acción Específico (PAE).