Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) se pronunció oficialmente tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro.

La medida fijó un aumento superior al 23 %, llevando el ingreso mínimo, con auxilio de transporte, a una cifra de 2 millones de pesos, decisión que generó inquietud inmediata entre los pequeños y medianos empresarios del país, quienes concentran la mayor parte del empleo formal en Colombia.

Desde Acopi, el mensaje fue claro: aunque reconocen la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, advierten que el impacto del aumento podría resultar desproporcionado para las capacidades reales del aparato productivo, especialmente para las MiPymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial y enfrentan una coyuntura financiera compleja.

Preocupación por la sostenibilidad del empleo formal

En su comunicación, Acopi expresó una profunda preocupación frente al incremento del 23,78 % del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026, al considerar que la decisión podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad empresarial. Según el gremio, el aumento no guarda una relación equilibrada con la productividad real de la economía, ni con la capacidad de pago de miles de empresas que aún lidian con altos costos operativos, cargas tributarias y un entorno económico desafiante.

La asociación alertó que este escenario podría traducirse en reducción o congelamiento de nuevas contrataciones, así como en un riesgo latente de destrucción de empleo formal. A ello se suma la posibilidad de un crecimiento de la informalidad laboral, un fenómeno que históricamente se intensifica cuando las empresas no logran absorber incrementos abruptos en sus costos fijos.

Riesgos económicos y críticas al proceso de concertación

Acopi también advirtió que el aumento salarial podría incentivar formas de contratación no laboral, mayor tercerización y un traslado de costos a los precios finales, lo que terminaría generando presiones inflacionarias que afectarían a toda la población, incluidos los propios trabajadores beneficiados por el alza del salario mínimo.

El gremio fue particularmente crítico con el proceso de decisión adoptado por el Ejecutivo. Señaló que, aunque las voces del empresariado fueron escuchadas en los espacios de diálogo, no fueron tenidas en cuenta al momento de definir la cifra final.

A juicio de Acopi, el Gobierno priorizó criterios de carácter político e ideológico, dejando de lado los argumentos técnicos que deberían orientar la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Finalmente, la asociación reiteró que un aumento salarial de esta magnitud, sin medidas complementarias que alivien la carga sobre las empresas, podría debilitar la estabilidad económica, afectar la formalización laboral y poner en riesgo miles de empleos. En ese sentido, hizo un llamado a adoptar políticas integrales que protejan tanto el ingreso de los trabajadores como la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la economía nacional.