Acusan a exviceministro de Defensa por presuntas irregularidades en contrato para helicópteros del Ejército

La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra seis personas que estarían involucradas en presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La investigación está relacionada con el contrato 012, firmado el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y una empresa estadounidense. De acuerdo con los elementos recopilados por el ente investigador, en el proceso de contratación se habrían presentado actuaciones destinadas a favorecer al contratista.

¿Qué encontró la Fiscalía?

Según la investigación, el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, habría actuado junto con el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie para que la compañía extranjera obtuviera el contrato, pese a que presuntamente no reunía las condiciones necesarias para ejecutarlo.

La Fiscalía sostiene que la empresa no tendría, al momento de la contratación, la experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera requeridas para asumir las labores de mantenimiento de los helicópteros rusos utilizados por el Ejército.

El supuesto favorecimiento también habría contado con la participación de otros funcionarios que para ese momento ocupaban cargos dentro del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.

Entre ellos están el entonces secretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y el entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Presuntas modificaciones al proceso de contratación

Uno de los aspectos que analiza la Fiscalía tiene que ver con la forma en que fue adjudicado el contrato.

De acuerdo con el ente investigador, en lugar de realizar un proceso abierto, se habría optado por una contratación directa. Además, durante el procedimiento presuntamente se modificaron algunos requisitos exigidos a los participantes y se ampliaron los tiempos para presentar las cotizaciones.

La investigación también señala que se habrían realizado reuniones durante la etapa de estructuración del contrato que buscaban favorecer al eventual ganador.

Otro de los hechos que están bajo investigación es la supuesta entrega de información financiera y técnica que no correspondería con la realidad de la empresa.

La Fiscalía también puso la lupa sobre las condiciones de pago establecidas en el contrato. Según la investigación, estas condiciones habrían sido modificadas para permitir que el contratista recibiera 16 millones de dólares en el primer corte de ejecución, una suma equivalente a la mitad del valor total del contrato.

Para el ente acusador, esta modificación habría sido parte de las actuaciones dirigidas a beneficiar al contratista.