El alcalde Carlos Galán y la Corte Suprema analizaron la sobreocupación en las estaciones de Policía de Bogotá

En la mañana de este 16 de mayo, con el propósito de fortalecer la justicia y la seguridad de Bogotá, el alcalde Carlos Galán se reunió con Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Diego Corredor, presidente de la Sala de Casación Penal.

¿A qué acuerdos llegaron el alcalde Carlos Galán y la Corte Suprema de Justicia?

Los tres funcionarios plantearon que es indispensable que se diseñen estrategias para mejorar la situación de hacinamiento en los sitios de reclusión y que se garantice que todos los tribunales y juzgados que están habilitados tengan un funcionamiento óptimo.

Además, coincidieron en que es importante buscar nuevas sedes judiciales en la ciudad para que los casos puedan resolverse con mayor celeridad y no se fomente la impunidad.

“Reconocemos y respetamos la importancia y la independencia de la Rama Judicial y estamos convencidos de que el trabajo articulado nos permitirá avanzar en materia de justica y de seguridad en Bogotá”, escribió el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X.

“Seguiremos trabajando de la mano con la Corte Suprema y la Rama Judicial para que Bogotá camine segura”, agregó.

La crítica situación de hacinamiento en los centros de reclusión de Bogotá

El pasado 9 de mayo, la Personería de Bogotá reveló que el hacinamiento en las estaciones de Policía y en las URI se encuentra en un 158,6%. Después de adelantar visitas, se halló que, aunque la capacidad total de esos centros transitorios es de 1.227 detenidos, en la actualidad hay 3.174 personas privadas de la libertad.

En las estaciones de Policía de Usaquén se detectó un hacinamiento del 750% porque a pesar de estar diseñada para 10 personas, hay 85 retenidos. Además, en las de Kennedy la sobreocupación es del 571% y en las de Bosa es del 511%.

Y es que se están presentando errores en los procedimientos. “555 personas condenadas no deberían estar en una estación de Policía, sino que deberían ser trasladadas por el Inpec a un centro de reclusión para esta población. Adicionalmente, hay 53 personas que tienen detención domiciliaria y que no deberían estar en estaciones de Policía”, expresó Andrés Castro Franco, personero de Bogotá.

“Hemos recibido quejas con respecto al tema alimenticio porque no se están cumpliendo con los horarios, las minutas y las garantías mínimas. También, en el acceso a la salud hay unas dificultades y unas barreras que no han permitido que se les pueda atender de la manera adecuada y oportuna. Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y al Inpec para que tengan en cuenta esta situación”, ultimó.