ALDESARROLLO denuncia irregularidades en contrato con la Cancillería y reclama reconocimiento de ejecución del 73%

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (ALDESARROLLO) emitió un comunicado para aclarar la situación del contrato de actualización de los sistemas de información Fase I SITAC. La entidad denunció públicamente al supervisor del contrato y solicitó la intervención de organismos de control ante lo que consideran una falta de seguridad jurídica y transparencia administrativa.

Según la organización, el proyecto presenta un avance del 73%, cifra que aseguran está respaldada por soportes documentales y técnicos. A pesar de este progreso, ALDESARROLLO señala que el último día de vigencia del contrato, la supervisión decidió no otorgar una tercera prórroga que ya había sido concertada en mesas técnicas previas con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad enfatiza que el esquema de pagos se basaba en la aprobación de productos. En este sentido, destacan que la factura del primer pago fue revisada y aprobada en su momento por el equipo de supervisión, incluyendo a William Fernando Albarracín Barreto. No obstante, denuncian que posteriormente el supervisor cambió su postura, desconociendo la ejecución realizada hasta la fecha.

Acciones legales y recusaciones

Ante estos hechos, ALDESARROLLO radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el señor Albarracín Barreto. La entidad cuestiona la imparcialidad del funcionario, argumentando que ha sido recusado en tres ocasiones y que mantiene denuncias disciplinarias y penales vigentes. A pesar de esto, el Ministerio ha decidido mantenerlo como supervisor del contrato.

Por otro lado, la entidad informó que el proceso sancionatorio que había iniciado el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fue archivado, lo que a juicio de la organización desvirtúa cualquier señalamiento de incumplimiento contractual.

ALDESARROLLO aclaró que el contrato no ha sido cancelado. El 9 de abril se instaló una mesa de arreglo directo para resolver las controversias, pero denuncian que la entidad contratante no ha dado continuidad a este espacio de conciliación.

Para garantizar un desenlace transparente, la organización ha solicitado dos medidas urgentes. Primero, el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación. Segundo, la designación de un perito técnico independiente que certifique objetivamente el nivel de ejecución del 73%.