Millonario contrato para alimentación en la Cárcel Distrital sería entregado a empresa que tuvo líos con el PAE
Desde el Concejo de Bogotá denunciaron que en el consorcio ganador estaría una empresa que fue sancionada por malas prácticas en contratos con el PAE en 2022.
Noticias RCN
01:13 p. m.
El contrato para servicios de alimentación en la Cárcel Distrital está en el ojo del huracán. La alerta se debe a que en el consorcio ganador estaría una empresa que hace 3 años fue sancionada por malas prácticas en contratos con el PAE.
Esta vez se trata de un convenio que asciende a los $50.000 millones, para la alimentación de los y las reclusas de la Cárcel Distrital, ubicada en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.
Desde el Concejo de Bogotá han denunciado que Proalimentos Líber S.A.S., una de las empresas que hace parte del consorcio Nutridistrital, que se llevó la adjudicación, fue sancionada en 2022 por prácticas anticompetitivas en las licitaciones del Plan de Alimentación Escolar en Bogotá.
Secretaría de Seguridad dice que no encontró inhabilidades
La Secretaría de Seguridad se pronunció a través de un comunicado donde asegura que el proceso de adjudicación se adelantó bajo los principios de contratación estatal y que no encontró antecedentes o inhabilidades que afecten al consorcio.
En cuanto a las sanciones impuestas por la SIC ha de señalarse que este tipo de sanciones no generan inhabilidad, ni contemplan la prohibición para participar en procesos contractuales o contratar con el Estado.
La Secretaría argumentó que el proceso contractual no se puede detener, “toda vez que no existe mérito legal o contractual que lo impida”, y que la Unión Temporal Nutridistrital cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
¿En qué consiste el contrato para la Cárcel Distrital?
El contrato adjudicado, que tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027, será destinado al suministro de desayuno, refrigerio y almuerzo para la cárcel distrital de Bogotá.
Además, según la Alcaldía, fue estructurado bajo el esquema de vigencias futuras, acatando las directrices emitidas por la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Frente a las sanciones impuestas por la SIC contra la empresa Proalimentos, la Secretaría afirmó que estas no generan inhabilidad ni prohibición para participar de procesos contractuales con el sector público.