Amenazas contra candidatos presidenciales reavivan debate sobre seguridad en Colombia
La senadora electa María Lucía Villalba subrayó que garantizar la seguridad de los aspirantes es fortalecer la democracia.
En la más reciente edición de Mesa Ancha, la senadora electa del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, advirtió sobre el grave riesgo que enfrenta la democracia colombiana ante las nuevas amenazas contra candidatos presidenciales.
Recordó que el país ya vivió un magnicidio y que la violencia política sigue siendo una constante histórica que exige respuestas inmediatas de las autoridades.
Villalba subrayó que garantizar la seguridad de los aspirantes es fortalecer la democracia y pidió tanto al Gobierno como a los demás candidatos que bajen la polarización y eleven el nivel del debate.
“Lo que necesitamos es un mensaje de grandeza política”, afirmó, al señalar que los ataques verbales desde las redes sociales y las tribunas oficiales exacerban el clima de odio.
Inteligencia politizada y falta de garantías
Durante la discusión, se cuestionó la politización de los organismos de inteligencia, como el DNI y la UIAF, cuyos nombramientos han recaído en figuras vinculadas al M-19 y en funcionarios con investigaciones pendientes. Según los panelistas, esta ideologización limita la capacidad del Estado para prevenir atentados y deja a sectores opositores sin herramientas de protección.
La senadora Villalba insistió en que la violencia política no solo proviene de estructuras criminales, sino también de la forma en que se comunica desde el poder. “El primer responsable de cuidar el vocabulario y el tono en un país polarizado es el presidente y el Gobierno nacional”, señaló.
Crisis en el sector salud: intervención de la Nueva EPS
El debate también abordó la situación del sistema de salud, en particular la intervención de la Nueva EPS, que fue renovada por un año. La polémica se centra en la designación de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como interventor.
Su gestión pasada ha sido cuestionada por clientelismo, burocracia y falta de transparencia, lo que genera dudas sobre su idoneidad para dirigir la entidad que atiende a más de 10 millones de afiliados.
Los panelistas coincidieron en que la Nueva EPS, considerada la empresa social más importante del país, atraviesa una crisis marcada por la opacidad financiera y la ausencia de resultados claros. La designación de Ospina, señalaron, podría profundizar la incertidumbre en un sector que ya enfrenta graves problemas de sostenibilidad y confianza.