Así fue la relación entre gobierno de Gustavo Petro y el Congreso: entre alianzas y corrupción

La relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República 2022 – 2026 atravesó cuatro años de transformaciones radicales, desde una alianza histórica hasta una ruptura marcada por escándalos de corrupción que terminaron con varios legisladores y funcionarios privados de la libertad.

Durante el primer año de mandato, el gobierno construyó una mayoría legislativa con el Pacto Histórico, Liberales, Conservadores, la U, Alianza Verde y otros sectores. Esta coalición permitió aprobar iniciativas fundamentales como la reforma tributaria, la ley de paz total, el Plan Nacional de Desarrollo y el acuerdo de Escazú, configurando un escenario favorable para la agenda gubernamental.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2023 cuando la reforma a la salud se convirtió en el punto de quiebre de la coalición. Liberales, Conservadores y la U se apartaron del gobierno por decisión de presidentes de partido, según denunció el propio gobierno.

A lo que el presidente Petro respondió con cambios en su gabinete y desde entonces cada proyecto requirió negociaciones voto a voto en el Congreso.

Así les fue a las reformas de Petro en el Congreso

Pese a gobernar sin mayoría, el Ejecutivo logró aprobar la reforma pensional y, al final del mandato, la reforma laboral. La reforma a la salud fue hundida en múltiples ocasiones y la reforma política fue retirada ante la falta de votos suficientes.

Con las mayorías perdidas en el Capitolio, el presidente Petro trasladó el debate político a las calles. Convocó movilizaciones para respaldar sus reformas e impulsó una consulta popular que fue negada por el Senado en una de las sesiones más tensionantes del cuatrenio, elevando la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El escándalo de corrupción de la UNGRD y sus tentáculos en el Congreso

El mayor golpe a la relación llegó con el escándalo de la UNGRD. Los exdirectores Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy privados de la libertad, declararon haber utilizado el presupuesto destinado a emergencias para direccionar contratos a cambio de respaldo legislativo a los proyectos del gobierno.

El caso alcanzó a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes según los testimonios habrían recibido pagos en efectivo para agilizar el trámite de reformas.

Ambos terminaron privados de la libertad. El expediente también vinculó a la senadora Martha Peralta y a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, estos últimos reelegidos y hoy privados de la libertad.

El escándalo también alcanzó el núcleo del gobierno. La exconsejera presidencial para la región, Sandra Ortiz, hoy en libertad por vencimiento de términos; los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes afrontan procesos judiciales; y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, señalado como pieza clave del presunto entramado de corrupción y hoy prófugo de la justicia.