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Así operaban una mujer y dos adolescentes que extorsionaban a conductores en Soacha

Extorsionistas en Soacha. Foto: diseñada por Magnific.

A los trabajadores del transporte público les exigían altas sumas para seguir transitando por los paraderos.


Nicolás Martínez Sánchez

oct 18 de 2026
02:42 p. m.

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Las autoridades enviaron a la cárcel a una mujer que, con el apoyo de dos adolescentes, presuntamente habría extorsionado a conductores de transporte público en Soacha.

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Por su parte, los dos menores de edad quedaron en internamiento preventivo. Al parecer, estas tres personas habrían amenazado a 20 conductores para que pagaran altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus integridades.

¿De cuánto eran las extorsiones?

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, las extorsiones ocurrieron en los últimos dos meses y los conductores debían cumplir cada semana. Si no lo hacían, les decían que no podían ejercer su oficio y tendrían consecuencias.

Los cobros eran entre $ 22.000 y $50.000 pesos por vehículo. Las víctimas recibían las amenazas por celular, principalmente. Además, uno de los adolescentes supuestamente vigilaba a los conductores y corroboraba que cumplieran con las exigencias.

Con lo que no contaban los delincuentes es que las autoridades los sorprendieron cuando estaban recibiendo un pago de 300 mil pesos. La mujer fue capturada y los jóvenes quedaron aprehendidos.

El modus operandi de la banda

Durante la audiencia, el fiscal detalló un hecho ocurrido el 28 de septiembre en el paradero del barrio Rincón del Lago: “Actuando de manera coordinada, abordaron al conductor informal y le exigieron el pago a cambio de permitirle continuar desarrollando su actividad. Para respaldar dicha exigencia, le manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe”.

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“Quienes no efectuaran el pago, no podían trabajar y sus vidas correrían peligro”, sostuvo el fiscal que, en la noche de ese día, impuso que el 2 de octubre era el plazo máximo para cumplir con las extorsiones.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el fiscal perteneciente a la seccional de Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravado, el cual no fue aceptado por ninguno.

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