Atención: se suspende el decreto del presidente para regular los servicios públicos en la Creg

Luego de la controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de regular los servicios públicos en Colombia, un juez suspendió el decreto que lo facultaba para esta función en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

Decretar la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 «Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones»; acto administrativo suscrito por el presidente de la República, por los Ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional”, se lee en el auto de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado.

El decreto que facultaba al mandatario para ejercer la regulación de los servicios públicos en el país se conoció el pasado 16 de febrero. En él se señalaba que el jefe de Estado asumiría por tres meses las funciones delegadas a la CRA y a la CREG.

En dicho documento se decretó "reasumir por el término de tres meses a partir de la vigencia del presente decreto, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de11de julio de 1994, serán ejercidas por el presidente de la República”.

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Petro manifestó en su momento que la determinación obedecía a que, pese a los anuncios del Gobierno sobre la rebaja en el precio de las tarifas de energía, nueve compañías reportaron alzas.

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En el auto que suspende el mencionado decreto, señalan que no se cuestiona el hecho de que el presidente Petro reasumiera las funciones regulatorias de los servicios públicos, sino que se arrogara un rol conferido al Congreso de la República.

“Lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la Nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”.

Así las cosas, desde la sala del Consejo de Estado se detalló que las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo todas las funciones que les fueron asignadas.

“El Despacho encuentra, preliminarmente, que el acto acusado contraviene los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, así como los artículos 9° a 13 de la Ley 489 de 1998, en tanto que, de conformidad con lo expuesto, y, por contera, al primer mandatario de la Nación no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico”, puntualizaron.

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