Brutal ataque con cuchillo contra niña de 11 años en Bogotá: su caso se dilata en la justicia

Han pasado más de dos semanas desde que una familia en la localidad de Suba, Bogotá, fue víctima de un violento ataque en una estación de gasolina. El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero, cuando un hombre agredió sin motivo aparente a una niña de 11 años, mordiéndola en el brazo y posteriormente atacándola con un cuchillo dentro del vehículo en el que se encontraba con sus padres.

En medio del forcejeo, tanto la madre como el padre resultaron heridos, pero la menor sufrió las lesiones más graves, especialmente en su ojo izquierdo, lo que obligó a múltiples intervenciones médicas urgentes.

Indignación por la tipificación del delito

La madre de la menor, cuya identidad se reserva por seguridad, cuestiona que el caso haya sido catalogado como “lesiones personales agravadas”, el cual considera que convierte en un delito de menor gravedad y susceptible de conciliación.

Según relata, el fiscal encargado le explicó que la pérdida de un ojo no se considera un daño a un órgano vital, por lo que no se tipifica como intento de homicidio. Esta interpretación ha generado profunda indignación en la familia, que considera que la justicia está minimizando la gravedad del ataque.

Además, el agresor permanece privado de la libertad, pero no por este hecho, sino por dos órdenes de captura vigentes relacionadas con hurto y fuga de presos. La madre advierte que, de no existir esas condenas previas, el hombre estaría libre, lo que aumenta su sensación de desprotección frente al sistema judicial.

Reclamo por garantías en el proceso

La familia insiste en que el proceso judicial avance con mayor contundencia y garantías. La madre denuncia que su caso está prácticamente detenido, pues la fiscalía asignada es nueva y carece de oficina establecida, mientras que el fiscal encargado se encuentra incapacitado por motivos de salud. Ante esta situación, pide que se reasigne el caso para evitar que quede en el limbo.

La Fiscalía, por su parte, informó que el proceso continúa activo y que, tras la revisión de Medicina Legal, se determinó una incapacidad de 15 días, lo que llevó a tipificar el hecho como una conducta punible querellable.

Sin embargo, para la familia, esta clasificación no refleja la magnitud del ataque ni las secuelas que enfrenta la menor, quien sigue bajo tratamiento médico y exámenes para descartar enfermedades derivadas de la mordida.