Cae red que presuntamente vendía carne de asnos, caballos y reses en mal estado de salud

A través de los medios oficiales de la Fiscalía General de la Nación, se dio a conocer una noticia ha generado rechazo en la comunidad. Una red dedicada a comercializar carne, aparentemente la distribuía desde un matadero clandestino en donde sacrificaban asnos, caballos y reses en mal estado de salud.

Esta carne era transportada a bodegas de almacenamiento en Cota, Cundinamarca, en donde presuntamente la comercializaban hacia plazas de mercado y también la vendían a proveedores del PAE (Plan de Alimentación Escolar) y cárceles.

Se explica que a este lugar también llegaban animales muertos y que evidentemente su carne no era apta para el consumo. Además, indican que al no contar con los permisos necesarios para su operación, vertían sustancias dañinas para el medio ambiente en los terrenos cercanos.

"La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad", indican en un comunicado oficial.

Diferentes delitos imputados por comercializar carne no apta para el consumo

La investigación dejó la captura de ocho personas que presuntamente estaban involucrados en esta actividad ilícita, siendo imputados por diferentes delitos como concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Los procesados por estos hechos fueron identificados como:

Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores. Ellos recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.