Camacol advierte que el control de precios a la vivienda VIS sería inconstitucional

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una alerta sobre el borrador de decreto que prepara el Ministerio de Vivienda para regular el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), al advertir que la medida podría ser inconstitucional y generar efectos contrarios a los que busca el Gobierno.

Fuerte advertencia de Camacol

Según el gremio, la iniciativa oficial pretende obligar a que los precios de la VIS se fijen únicamente en pesos colombianos, eliminando la posibilidad de que estos se referencien al salario mínimo desde las primeras etapas de comercialización.

Para Camacol, esto equivale a un control artificial de precios que contradice el marco legal vigente, el cual permite definir el valor de la vivienda tanto en pesos como en salarios mínimos y establece que el precio final es el que rige al momento de la escrituración.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, aseguró que la propuesta del Ejecutivo excede sus competencias y modifica reglas esenciales que garantizan la viabilidad de los proyectos de vivienda social.

En su criterio, la intervención directa en el mercado inmobiliario sin sustento legal claro pone en riesgo la seguridad jurídica del sector.

El gremio recordó que la vivienda no es un producto de entrega inmediata, sino el resultado de procesos que pueden extenderse durante cuatro o cinco años, desde la planeación hasta la entrega final.

Durante ese periodo, los proyectos están expuestos a cambios en costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y regulaciones, lo que hace necesario que los precios puedan ajustarse para evitar que las iniciativas se vuelvan inviables.

Uno de los principales temores de Camacol es que la modificación en la forma de fijar los precios limite el acceso de los hogares a subsidios y beneficios financieros.

Estos apoyos, como los otorgados por cajas de compensación, entidades territoriales y programas de crédito preferencial, se calculan con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración, por lo que cualquier distorsión en ese esquema podría excluir a miles de familias de la posibilidad de adquirir casa propia.

A este panorama se suma el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado para 2026, que, de acuerdo con estimaciones del gremio, podría elevar los costos de construcción entre un 10 % y un 15 %.

Para Camacol, imponer límites de precios en un contexto de encarecimiento de la mano de obra y los insumos solo reduciría la oferta de vivienda y haría más difícil el acceso para los compradores de menores ingresos.

El gremio también aclaró que ha trabajado de manera coordinada con la Superintendencia de Industria y Comercio para precisar los mecanismos de indexación de los precios y subrayó que nunca se ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que el comprador reciba información clara y transparente sobre las condiciones de ese sistema.

Finalmente, Camacol pidió al Gobierno abrir un espacio de discusión técnica y evitar la confrontación política. El sector reiteró su disposición a contribuir al diseño de políticas que amplíen el acceso a la vivienda formal, generen empleo y garanticen la estabilidad del mercado constructor, en un momento marcado por la incertidumbre económica y regulatoria en el país.