¿Cambia la protesta social en Colombia con la nueva directriz para investigar casos?

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, expuso nuevas directrices para el manejo de las investigaciones por delitos cometidos durante la denominada protesta social.

En 31 puntos dice que la competencia para investigar y judicializar delitos en manifestaciones corresponde a la justicia ordinaria, por sobre la penal militar.

En cuanto al bloqueo de vías, penaliza únicamente los que desborden actos propios de la manifestación y atenten por ejemplo contra la vida humana, la salud pública o la seguridad alimentaria

También habla de límites de las autoridades y la judicialización de actos que afecten la protesta. Para profundizar sobre este tema, Nicolás Gómez, Juana Afanador y Julio César Iglesias debatieron sobre el tema.

¿Hacia dónde van las nuevas directrices de la Fiscalía sobre protestas?

Juana Afanador indicó que estas nuevas directrices van enfocadas a los subordinados de la fiscal general de la Nación, desmontando lo que se había hecho en cierta parte durante la administración Duque.

Hay un punto que es el de las investigaciones en contra de la fuerza pública y de los delitos que vienen que tienen que relacionarse directamente con las funciones de la Fuerza Pública, o sea, no pueden ser juzgados por otros delitos que no estén relacionados con lo que haya pasado.

Por un lado, dice que se tienen que juzgar asuntos de violación de derechos humanos y a la vez se dice que esto no lo pueden los militares mismos y esta jurisdicción, lo que empieza a crear una cierta atención porque entonces quién sería y cómo se juzgaría estos delitos de violación de derechos humanos.

Las nuevas directrices de la Fiscalía sobre el paro camionero

Nicolás Gómez se refirió al paro camionero por el al del ACPM: “Qué buen momento para hablar de un consenso nacional sobre todo cuando vimos a una ala petrista que en 2020 y 2021 criticaba la represión o las medidas que tomaba el Estado contra la protesta y ahora vimos en el paro camionero a la otra la contraria pidiendo que se hicieran bloqueos que se hicieran manifestaciones.

La protesta tiene que darse de acuerdo con lo que dicta la ley sin afectar los derechos de los demás.

Explicó que “cada vez que haya un problema, una coyuntura nacional, no se pueden coger las vías de hecho y fregar a todo el país como dicen coloquialmente, aquí deberíamos llegar un consenso nacional no solamente por parte de lo que estipula la Fiscalía, sino también en el sector político de volver a hablar o abrir el debate en el Congreso de qué es permitido y qué no es permitido”.

“Lo que dice la Fiscalía tiene algunas zonas grises en el sentido de que entendamos que la Fuerza Pública cuando entra a controlar una protesta es una situación dinámica difícil y si le complicamos la tarea para poder probar que una persona está tirando un cóctel molotov para incendiar un carrotanque de la policía o para dañar la propiedad privada o la propiedad pública, pues creo que va a complicar mucho la judicialización de esa persona que no está protestando, que está cometiendo un crimen y que está violando el Código Penal”, dijo Gómez.

¿Los delitos dejarían de ser delitos por nuevas directrices?

Julio César Iglesias hizo especial atención a “un fragmento de la directriz que se refiere a las situaciones caóticas en las protestas en las que si bien textualmente dice se cometen actos delictivos esto responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal, es decir, es una especie de atenuante cometer delitos en el contexto de la protesta”.

Si usted destruye un local comercial en protesta entonces no es tan grave como si destruye el local comercial para robarse lo que hay dentro, entonces al final esto es una discusión filosófica.

Indicó que cuando “la violencia cuando es por razones para conquistar el poder no es tan grave como matar por conseguir plata por ejemplo (…) los delitos son delitos, independientemente, de si secuestran supuestamente para conquistar el poder o por razones políticas o por lo que sea, esto es parte de una tradición muy colombiana en donde se ha sacralizado la violencia política.