Capturan al alcalde de Riosucio, Chocó, por presunta red de corrupción en contratos electorales por $200 millones
Según el ente acusador, el alcalde Moreno Mena, en calidad de ordenador del gasto, conocía tanto el valor total como el alcance de la contratación requerida para los comicios.
Noticias RCN
05:03 p. m.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto entramado de irregularidades en la contratación de la logística para las elecciones legislativas realizadas en Riosucio, Chocó.
En el proceso son investigados seis funcionarios de la administración municipal, incluido el alcalde Juan Moreno Mena, por supuestas actuaciones encaminadas a fraccionar contratos, justificar pagos y eludir mecanismos de selección objetiva.
Junto al mandatario local son investigados el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los funcionarios habrían intervenido de distintas maneras en varios contratos relacionados con la logística electoral, los cuales no habrían sido estructurados dentro de un proceso contractual previamente planificado.
Presunto fraccionamiento para evitar licitación
La investigación señala que el objeto contractual habría sido dividido en varias resoluciones de menor cuantía con el propósito de evitar un proceso de selección objetiva con pluralidad de oferentes y facilitar el giro directo de los recursos.
Según el ente acusador, el alcalde Moreno Mena, en calidad de ordenador del gasto, conocía tanto el valor total como el alcance de la contratación requerida para los comicios. Sin embargo, presuntamente habría autorizado dividir los contratos y omitir la inclusión de la necesidad presupuestal en el plan anual de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido con anticipación.
Como resultado de estas actuaciones fueron aprobadas cinco partidas presupuestales que sumaron cerca de 200 millones de pesos destinados a la logística electoral.
Facturas presuntamente falsas y gastos sin soportes válidos
Las evidencias obtenidas por los investigadores indicarían que solo una parte de los recursos públicos fue utilizada para los fines previstos. Para justificar los desembolsos, al parecer se presentaron cuentas de cobro respaldadas con facturas fraudulentas y documentación con inconsistencias.
Entre los hallazgos se encuentran facturas relacionadas con la entrega de almuerzos sin fechas de expedición, documentos de suministro de combustible emitidos después de la jornada electoral o con valores superiores a los precios reales del mercado y constancias que, presuntamente, buscaban acreditar pagos de viáticos a jurados de votación por montos elevados.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó a los seis investigados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.