VIDEO | Así era el régimen del terror en el que vivían trabajadoras sexuales en Medellín
La banda La Veracruz se dedicó a extorsionar trabajadoras sexuales, a quienes golpearon e incluso habrían apuñalado.
Noticias RCN
03:53 p. m.
Fueron enviados a la cárcel los miembros de una banda que extorsionaba a vendedores informales, transportadores, trabajadoras sexuales, comerciantes, población LGBTIQ+ y dueños de hoteles en Medellín.
Esta estructura se llamaba La Veracruz y estaba conformada por 18 hombres y tres mujeres. Las autoridades revelaron cómo era el accionar de estos delincuentes.
La estructura detrás de La Veracruz
La Veracruz se dedicaba principalmente a la venta de droga por medio de la modalidad del menudeo. Sin embargo, amplió su accionar delictivo hacia el cobro de extorsiones.
Los tentáculos de esta banda se extendieron por La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito, lugares del centro de Medellín que son bastante concurridos.
Estas personas podían cobrar entre $10.000 y $100.000 por cada semana. En caso de que las víctimas no cumplieran, los delincuentes amenazaban con impedir que pudieran seguir con su actividad económica, a tal punto que golpeaban o apuñalaban.
“El espacio público en un territorio controlado por el miedo”
Incluso, las autoridades tienen un caso de un comerciante de San Benito que alcanzó a pagar 25 millones de pesos. En mayo lo amenazaron de muerte.
Al ser una banda, contaba con una estructura en la que los roles estaban definidos. Había un cabecilla entre los capturados, que era la mente detrás de todo: se encargaba de identificar a las víctimas de las extorsiones y estar al tanto de la organización de la venta de droga.
Debajo de él había seis personas, quienes eran los coordinadores identificados como ‘Barbado’, ‘Mono’ o ‘Tatuado’, ‘Monito’, ‘Ossa’, ‘Ramiro’ y ‘Zarco’. El resto de los miembros eran responsables de efectuar las extorsiones y golpear o robar a las víctimas.
“Han convertido el espacio público en un territorio controlado por el miedo (…) con especial crudeza a las trabajadoras sexuales y población de la comunidad LGBTIQ+, quienes han sido sometidos a un régimen de terror y violencia que se remonta al 2015 en adelante”, detalló el fiscal del caso.