Capturan en La Guajira a 16 personas por presunta participación en desfalco al ICBF

La Fiscalía informó que entre los detenidos se encuentran funcionarios del instituto, proveedores y contratistas.


Noticias RCN

nov 07 de 2015
02:58 p. m.

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En total son 16 personas capturadas en el departamento de La Guajira por presuntamente haber participado en el desfalco de dinero destinado a la niñez; cuatro de estos sujetos fueron detenidos en Riohacha y 12 en Albania. 
La Fiscalía comunicó que las autoridades capturaron a cuatro personas que presuntamente habrían participado en el millonario desfalco de $2.217'066.931, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira.
Según la entidad, las irregularidades se habrían presentado en la contratación del ICBF para la atención integral de la primera infancia.
La investigación permitió establecer que el objetivo de la contratación era la atención de niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes, para lo cual fue destinada la suma de 141.000 millones de pesos, de los cuales se adjudicaron $77'665.389.362 mediante convocatoria a 73 operadores.
La Fiscalía indicó que los contratos 375 y 383 de 2015 que el ICBF celebró con la Fundación un Mejor Vivir, por valores de más de 5.000 millones cada uno, "fueron cobrados de manera fraudulenta con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes; pues se estableció el registro de 304 niños de quienes no se pudo comprobar su existencia de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional, y que recibían los servicios del programa".
Otra de las irregularidades que se evidenció, según el ente acusador, fue la "alteración y falsificación de firmas que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística, así como aparentes pagos de viáticos al personal que prestaba el servicio de acompañamiento. La defraudación solo en este aspecto fue de $695'000.000".
"Además, se determinó que hubo un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo, cercano a los $1.500'000.000", agregó la entidad.
Por la presunta responsabilidad en estos hechos, el CTI materializó la captura de "Maria Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada".
De acuerdo con la información obtenida por la Fiscalía, Hernández Roys era la supervisora de los contratos en el ICBF y sin embargo "no cumplió con su rol de vigilancia y ejecución de los mismos".
"Fince Bravo, en su calidad de contadora de la fundación, era la encargada de realizar los giros por concepto de viáticos y pagos de transporte, auto girándose los dineros mediante cheque, sin que se dieran los pagos a los supuestos beneficiarios", informó el ente acusador.
Agregó que además, "habría falsificado comprobantes de pago de los viáticos mediante firmas fraudulentas y habría generado cuentas de cobro por encima del valor real".
"Ramiro Lizarazo, por su parte, vendía los refrigerios y mercados con un sobrecosto elevado, casi del 50 por ciento, a la fundación, permitiendo así que esta adulterara las facturas para que reportara un valor aún mayor al ICBF, con el fin de apropiarse del excedente", señaló la Fiscalía.
La entidad dijo que Román Dávila supuestamente creo la empresa fachada en Santa Marta, Magdalena, de suministros de papelería, los cuales eran vendidos a la fundación con sobrecostos. 
"Al parecer entregaba  facturas correspondientes a la entrega de los pedidos pero que nunca fueron entregados físicamente", indicó.
Estas personas fueron trasladadas a Bucaramanga, Santander, donde serán presentadas ante un juez de control de garantías en audiencias de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
"Los detenidos serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y privado", comunicó el ente acusador.
Según el ente acusador, en el municipio de Albania se evidenciaron irregularidades en el sector salud en convenios suscritos con un hospital por un valor de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil. En este municipio fueron capturadas 12 personas.
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