A la cárcel dos policías que habrían exigido $10 millones a comerciante para no judicializarlo por delito que no había cometido

Dos uniformados de la Policía Nacional y un particular fueron enviados a la cárcel por presuntamente chantajear a un comerciante con el pago de 10 millones de pesos a cambio de no judicializarlo por un supuesto porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó al subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil Acosta, al patrullero Jackson Zapata Sepúlveda y al particular Giovanni Atehortúa Ospina, presuntamente implicados en el delito de concusión”, aseguró el ente acusador.

Al parecer, los uniformados sabían que el arma que portaba el comerciante cumplía con todos los parámetros de la ley.

¿Cómo habrían sucedido los hechos de presunta concusión que envió a dos policías a la cárcel?

Los hechos habrían ocurrido en la mañana del 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín, luego de que los uniformados interceptaran a la víctima, quien se movilizaba en un vehículo de alta gama, en compañía de su pareja sentimental.

En el bolso de la mujer encontraron una pistola de nueve milímetros junto con la documentación que constataba la tenencia legal del arma de fuego.

“A pesar de esto, los policiales le habrían exigido a la víctima el pago de la referida suma, so pena de ser procesado. Para presionar el pago, los uniformados se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja”, aseguró la Fiscalía.

Horas después de lo sucedido, el comerciante habría entregado ocho millones de pesos en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le regresó la pistola y los demás bienes que les habían sido retenidos.

Por estos hechos, y tras interponer la denuncia, los investigados fueron capturados por la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

¿Qué es el delito de concusión en Colombia?

Según el Código Penal de Colombia el delito de concusión es el abuso del cargo de un servidor público que usando “su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

Este delito está castigado con 96 a 180 meses de prisión, multa de 66,66 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.