Cárceles en Colombia están al límite: estas son las condiciones en las que viven miles de detenidos
La Corte Constitucional encontró graves deficiencias en centros de detención transitoria y establecimientos penitenciarios.
Noticias RCN - María Fernanda Correa
07:58 a. m.
La situación de las cárceles y los centros de detención transitoria en Colombia vuelve a estar bajo la lupa de la Corte Constitucional.
Las condiciones de hacinamiento, los problemas sanitarios y las deficiencias en la infraestructura evidencian que miles de personas privadas de la libertad permanecen en espacios que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales.
Noticias RCN conoció en primicia un auto de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en el que se expone un diagnóstico de la situación carcelaria del país. El documento recoge hallazgos preocupantes.
Hacinamiento en las cárceles del país
Uno de los datos más preocupantes del informe está relacionado con los centros de detención transitoria, como las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
De acuerdo con las cifras recopiladas por la Corte, en estos espacios permanecían 18.824 personas, pese a que su capacidad era de apenas 9.600 cupos. Esto representa un hacinamiento del 94%, es decir, que hay casi el doble de personas frente a los lugares disponibles.
La situación también se refleja en Bogotá, donde se reportaron 1.814 detenidos en estaciones de Policía que cuentan con capacidad para 1.212 personas.
Sin embargo, uno de los casos más críticos se encontró en Valledupar. En la Permanente, un centro de detención transitoria diseñado para albergar a 70 hombres, había 349 personas privadas de la libertad. Esto significa que la población del lugar superaba ampliamente su capacidad.
Brotes de enfermedades y dificultades para recibir atención médica
La sobreocupación no es el único problema. La Corte también identificó condiciones sanitarias que pueden poner en riesgo la salud de quienes permanecen en estos establecimientos.
Entre los hallazgos se encuentra un brote activo de varicela, además de baños insuficientes, humedad, conexiones eléctricas expuestas y almacenamiento de agua en recipientes plásticos.
A esto se suma la falta de personal médico permanente y las dificultades para garantizar la entrega de medicamentos
No es la primera alerta: la Corte ya había advertido sobre otros riesgos
El documento también recuerda que las dificultades del sistema penitenciario no son nuevas. En decisiones anteriores, la Corte Constitucional había advertido sobre problemas que comprometían la salud y la alimentación de la población privada de la libertad.
Entre los antecedentes aparecen brotes de tuberculosis en establecimientos penitenciarios de Antioquia y Santander, reportes de casos de desnutrición severa y alertas sobre proteínas de origen animal que presuntamente no cumplían con las condiciones necesarias para el consumo humano.
También se habían señalado deficiencias en la alimentación, la atención médica, el acceso al agua potable y los programas de resocialización.
La Tramacúa y Cómbita: problemas de ventilación y suministro de agua
Las deficiencias también alcanzan la infraestructura de varios establecimientos penitenciarios.
En la cárcel La Tramacúa, ubicada en Valledupar, la Corte reportó dificultades relacionadas con la ventilación, las redes eléctricas y los servicios sanitarios. La falta de circulación adecuada del aire genera especial preocupación si se tienen en cuenta las altas temperaturas que caracterizan a esta zona del país.
En el establecimiento penitenciario de El Barne, en Cómbita, Boyacá, se identificaron problemas para garantizar el suministro continuo de agua potable y el funcionamiento adecuado del alcantarillado.
A estas dificultades se suma la situación de la nueva cárcel de Riohacha, cuya construcción tendría capacidad para recibir a 1.722 personas privadas de la libertad. Aunque su entrega estaba prevista para junio de 2026, el plazo fue aplazado hasta noviembre de ese año.
Sin embargo, según las advertencias recogidas por la Corte, todavía no existe certeza de que el establecimiento pueda entrar en funcionamiento en esa fecha.
¿Qué busca la Corte con la audiencia pública?
Frente a este panorama, la Corte Constitucional convocó a las instituciones responsables a una audiencia pública para que expliquen las acciones adelantadas y presenten soluciones frente a la crisis.
El objetivo es que las entidades no se limiten a reconocer las dificultades, sino que establezcan compromisos concretos, con responsables, recursos presupuestales y fechas de cumplimiento.