Caso de conductor linchado por indígenas sería el primero en aplicar Ley de Seguridad Ciudadana

La Procuraduría creó una agencia especial para tener un informe detallado de las actuaciones en el caso que sería asumido por la justicia ordinaria.


Noticias RCN

ene 27 de 2022
04:26 p. m.

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El pasado 25 de enero se registró un terrible accidente en Bogotá. Una mujer embera y su bebé murieron luego de ser arrollados por un camión de basura. 

Como consecuencia del hecho, varios indígenas de la misma comunidad arremetieron contra el conductor y asesinaron al hombre de 60 años, Hildebrando Rivera. 

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Varios ciudadanos han mostrado su indignación por el caso de justicia a mano propia y la familia del hombre, pide a las autoridades justicia en el caso. 

Ante esta tragedia, este caso se convertiría en el primero donde se aplicarían los agravantes de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para los responsables.

“Se hizo un ejercicio abusivo de las propias razones, una auto justicia y eso significa que estando vigente la ley 2197 del año 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, la pena podría llegar hasta los 60 años y más de prisión”, señaló Francisco Sintura, ex vicefiscal general de la nación.

Al respecto, la Procuraduría creó una agencia especial para tener un informe pormenorizado de las actuaciones en el caso que sería asumido por la justicia ordinaria. 

“Se trata de delitos comunes que no pretendían proteger los principios de las comunidades indígenas que están reconocidos en la constitución”, agregó Germán Calderón España, abogado constitucionalista.

La Fiscalía ya realizó una serie de entrevistas al coordinador de la Secretaría de Salud, al conductor y a la enfermera de la ambulancia en el marco de la investigación. 

¿Cómo funciona la nueva Ley?

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana permite que los delincuentes recurrentes vayan a la cárcel. También aumenta las penas para los delitos menores y hurtos, uso de armas, y quienes atenten contra la Fuerza Pública, defensores de derechos humanos, menores de edad y periodistas.

Un aspecto importante de la nueva reforma es que habrá privilegio para la legítima defensa. Esto quiere decir que el ciudadano tendrá ausencia de responsabilidad penal cuando esté protegiendo su vivienda de ladrones. 

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