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Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. Foto: X (@SandraOrtizN).

Se cree que la exconsejera para las Regiones tuvo un papel clave en la entrega de sobornos.


Noticias RCN

oct 15 de 2025
11:20 a. m.

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El Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías negó la revocatoria de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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La defensa de la exfuncionaria aseguró que hubo inconsistencias en la privación de la libertad. Sin embargo, los argumentos fueron desestimados por la justicia.

Se mantiene la medida de aseguramiento

Sin duda alguna, Ortiz es una de las piezas claves en el ajedrez del caso de corrupción. Resulta que, al parecer, ella fue la encargada de llevarle el dinero a Iván Name, quien se desempeñó como presidente del Senado.

Resulta que con el contrato de los carrotanques, se destinó dinero, no solo a Name, sino para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. El propósito presuntamente tuvo que ver con facilitar las reformas del Gobierno en el Congreso.

El supuesto papel de Ortiz en el entramado

Se cree que la orden provino de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre que se encuentra en Nicaragua. Las indicaciones entonces habrían seguido sobre Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD.

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En este punto es donde habría participado Ortiz, quien era del mismo partido de Name: Alianza Verde. Las investigaciones apuntan que ella le habría entregado los tres mil millones de pesos.

Al parecer, el 12 de octubre de 2023, la exconsejera presuntamente recibió de los exdirectivos de la UNGRD un maletín con 1.500 millones de pesos. Acto seguido, se lo habría dado a Name. La otra mitad supuestamente se entregó bajo la misma mecánica.

Por causa de estos hechos, a Ortiz le impusieron medida de aseguramiento en una guarnición militar. Le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó.

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