Centros Poblados deberá pagar $87.027 millones de pesos al Estado por corrupción

La Contraloría General de la República determinó que deberán pagar por el escándalo que impidió llevar internet a las zonas más apartadas del país.


Noticias RCN

oct 22 de 2024
11:31 a. m.

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A través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, se falló en contra de los integrantes de Centros Poblados, así como el interventor y proveedor, por lo que deberán pagarle al Estado $87.027 millones de pesos.

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La decisión se da por las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato con el Ministerio de las TIC, en donde debían instalar redes de internet en las zonas más apartadas de Colombia.

De acuerdo con el ente de control, "se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales que buscaba llevar internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos del país".

El escándalo por los 70.000 millones de pesos

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Cuando este tema salió a luz, se conoció que hubo un desembolso de 70.000 millones de pesos para la ejecución de este contrato que nunca se adelantó. Ante esto, la Contraloría también explica a detalle la relación de esa cifra con este nuevo fallo.

"Esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)", indica el ente de control.

Karen Abudinen y su relación con el escándalo de corrupción de Centros Poblados

En su momento, Karen Abudinen fue el centro de las críticas debido a que se desempeñaba como ministra de las TIC en el momento de la ejecución del contrato. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación en su contra.

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Para la Procuraduría, "no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que Karen Abudinen hubiera cometido una falta disciplinaria relacionada con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020".

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