"El cierre del Darién afectará los derechos de los migrantes": Defensoría del Pueblo
La entidad le indicó al Gobierno que le solicite a las autoridades de Panamá que cumplan con los postulados de los derechos humanos. Además, señaló cómo deben proceder los entes territoriales de Colombia.
Noticias RCN
11:00 a. m.
El pasado 4 de julio, José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, cerró tres pasos fronterizos en la selva del Darién. Las autoridades de ese país pusieron barreras de alambre de púas para impedir que los migrantes puedan ingresar.
Si bien el mandatario realizó esa promesa en campaña e, incluso, buscó el apoyo de Estados Unidos para poderla cumplir, la decisión ha generado controversia. Entre los actores que se han pronunciado se encuentra la Defensoría del Pueblo de Colombia, que considera que esa medida afectará los derechos de esa población.
“Cerrar al menos tres de los cruces en el tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano”, indicó la Defensoría del Pueblo de Colombia.
“Nuestros servidores públicos estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron la instalación de una cerca con alambre de púas de aproximadamente 80 metros de longitud, la cual impide el paso por el camino a Centroamérica”, añadió.
El pedido que la Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno que le realice a Panamá
Julio Luis Balanta Mina, defensor del Pueblo, le indicó al Gobierno que es importante que, tras esta nueva medida restrictiva, le comuniquen a Panamá que estén pendientes de los postulados fijados en los derechos humanos.
El propósito de esto, según explicó, es evitar que se desentiendan de las ayudas que se deben conceder en torno al refugio, la satisfacción de las necesidades básicas y las garantías de no devolución para los migrantes que justifican situaciones de asilo o protección internacional.
“Consideramos primordial que la medida anunciada por Panamá cumpla los principios, por sobre todos los anuncios hechos, de una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana”, afirmó el defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo le realizó una recomendación a las Gobernaciones de Antioquia y Chocó
“A las Gobernaciones de Antioquia y Chocó, junto a las Administraciones Municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, las invitamos a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria”, planteó el defensor Julio Luis Balanta Mina.
Con su propuesta busca que se estructuren acciones de contingencia oportunas, que se basen en un enfoque humanitario y no tengan alguna distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, orientación sexual, origen étnico, lengua o raza.
Y es que la Defensoría del Pueblo considera que la medida anunciada por Panamá perjudicará también a las comunidades colombianas de Astí y Capurganá porque a lo largo del tiempo han utilizado ese paso para el intercambio comercial y cultural.