Conceden la libertad a Álvaro Uribe Vélez

La juez 30 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió otorgar este sábado la libertad al exsenador y expresidente Álvaro Uribe y revocar así la medida de detención domiciliaria, en el proceso en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

La jueza Clara Ximena Salcedo, en una extensa exposición de los argumentos, ha señalado que no se equipara la audiencia de indagatoria con la Corte Suprema de Justicia a la audiencia de imputación, con lo cual recalca que el expresidente, al estar privado de la libertad, sería gravemente afectado su derecho fundamental.  

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“De conformidad con estas consideraciones, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud de libertad elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, afirmó la funcionaria.

La Fiscalía y la Procuraduría han estado de acuerdo con la determinación de la juez 30 de garantías, por el contrario, se ha dado un tiempo de 45 minutos en la audiencia, que se desarrolla desde las 8:00 a.m., para que las víctimas evalúen si interponen o no un recurso ante esta decisión el cual será definido por un juez del Circuito.

Pese a la decisión de libertad, el proceso contra el exsenador aún no termina ya que se le concede la libertad para que en esta se siga defendiendo, pero corresponde a la Fiscalía General de la Nación decidir si le imputa o no los cargos que tienen que ver con soborno a testigos y fraude procesal, y si adelanta después una actuación de acusación en su contra o definitivamente declara el archivo de las actuaciones, de tal forma que Uribe queda en libertad, pero su proceso no se detiene.

Minutos después de la decisión, Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de Twitter.

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, había solicitado ante la juez el pasado jueves que se le restituya la libertad inmediatamente a su cliente. Fiscalía y Procuraduría habían pedido también la libertad del exmandatario.

La orden de excarcelar a Uribe se produjo después de que el exmandatario renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de Nación por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.

El expresidente permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.

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Uribe, quien cuestionó la independencia del tribunal antes de renunciar al Senado y denunció una violación del debido proceso, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.

La Corte Suprema también remitió a la Fiscalía General las indagaciones previas contra Uribe por tres masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en la década de 1990.

Los aliados de Álvaro Uribe, incluido el presidente Iván Duque, habían solicitado a la Corte permitirle defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.

Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulso una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el principal dirigente del partido Centro Democrático que llevó al poder al presidente Duque.

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El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la Corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.

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