Concejal denunció el hallazgo de 10 contratos por $133 millones vinculados a Deicy Jiménez y pidió investigaciones
La concejal de Bogotá solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría establecer cómo se asignaron y qué se cumplió.
Valentina Bernal
06:49 p. m.
Una denuncia sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos estatales abrió un nuevo frente de controversia. La publicación en la que Deicy Jiménez asegura que ella y otras mujeres habrían sido involucradas en esta práctica, motivó nuevos cuestionamientos sobre la contratación pública y el posible uso indebido de recursos del Estado.
En medio de esto, la concejal de Bogotá Sandra Forero reveló en entrevista con Noticias RCN que su equipo revisó información contractual relacionada con Jiménez e identificó diez contratos cuyo valor acumulado asciende a $133 millones.
Diez contratos por $133 millones: ¿qué encontró la concejal?
Según explicó Forero, los diez contratos identificados corresponden a órdenes de prestación de servicios (OPS), una modalidad mediante la cual las entidades estatales contratan servicios para atender determinadas necesidades.
La concejal indicó que los acuerdos fueron suscritos en diferentes periodos, tanto cuando Gustavo Petro se desempeñaba como senador como durante su Presidencia. El valor total, de acuerdo con la revisión de su equipo, alcanza los $133 millones.
Ella también señaló que, al examinar las fechas, inicialmente no había identificado superposiciones entre los contratos. Sin embargo, durante la entrevista hizo una precisión: encontró uno o dos posibles cruces de fechas correspondientes a 2025, un aspecto que, a su juicio, requiere una revisión más detallada.
La cabildante aclaró que su equipo se concentró en los contratos relacionados con Jiménez y consideró necesario trasladar la información a los organismos de control para que adelanten las verificaciones correspondientes.
¿Qué entidades públicas aparecen vinculadas en los contratos?
Durante la entrevista, identificó tres entidades públicas relacionadas con los contratos revisados.
De acuerdo con el detalle que entregó, siete de los contratos corresponderían al Congreso de la República y abarcarían el periodo comprendido entre 2021 y 2024. También mencionó un contrato con la Superintendencia de Vigilancia, correspondiente a 2025, y acuerdos con el Ministerio del Interior suscritos en 2025 y 2026.
Sobre este último periodo, señaló que el contrato más reciente que encontró todavía aparecía vigente en la información consultada.
La concejal insistió en que es necesario revisar no solamente las fechas y los montos, sino también las condiciones bajo las cuales se celebraron los acuerdos y las actividades que debían desarrollar las personas contratadas.
¿Se cumplieron las funciones para las que fueron contratados?
Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue si existen pruebas de que los servicios contratados se prestaron efectivamente y si las labores realizadas respondieron a las necesidades de las entidades públicas.
Frente a esa pregunta, explicó que el objeto contractual registrado en los documentos revisados aparece descrito como «apoyo a la gestión», sin que, según su explicación, se detallen allí las funciones específicas.
Por esta razón, anunció que acudió a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para solicitar que se investigue el caso.
¿Hay más mujeres involucradas en la presunta red?
En la denuncia, Jiménez habría señalado que entre 30 y 40 mujeres formarían parte de una presunta red en la que se intercambiarían favores sexuales por contratos estatales.
Consultada sobre la posibilidad de que existan otros casos relacionados con la contratación pública, aclaró que la investigación adelantada por su equipo se concentró en los acuerdos vinculados con Jiménez.
La concejal planteó que podría ser necesario revisar otros contratos con características similares, especialmente aquellos cuyo objeto sea el apoyo a la gestión y que hayan sido celebrados durante los mismos periodos. No obstante, advirtió que cualquier ampliación de la revisión debe hacerse con rigor para evitar señalamientos sin fundamento contra personas que no tengan relación con los hechos denunciados.