Condenan a sujeto que habría amenazado de muerte a Federico Gutiérrez en redes sociales
El mensaje violento fue publicado en 2022, días después de las elecciones presidenciales.
Noticias RCN
01:16 p. m.
Un juez penal de Bogotá condenó a 75 meses de prisión y a pagar 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes a Andrey José Piñarete Galindo, un ciudadano que amenazó de muerte al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de redes sociales.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2022, semanas después de que Gutiérrez participara como candidato en las elecciones presidenciales.
Este fue el mensaje con el que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez
El mensaje publicado en redes fue considerado por la justicia como una amenaza directa contra un funcionario público y defensor de derechos humanos. El texto decía:
Das asco pichurria, meterle un indumil es poco, mejor unas 15, dejarte la cabeza llena de metralla.
La amenaza fue denunciada y, tras una investigación que se extendió por cerca de tres años, el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá lo encontró responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, imponiéndole una pena privativa de la libertad sin posibilidad de prisión domiciliaria.
Condenan a sujeto que habría amenazado de muerte a Federico Gutiérrez en redes sociales
Durante la audiencia, el juez hizo énfasis en el impacto que puede tener este tipo de contenido, y criticó el uso irresponsable de las plataformas digitales. En la sentencia se lee:
A veces los usuarios piensan que tienen derecho a exteriorizar desenvueltamente cualquier opinión o cosa sin medir sus palabras.
Federico Gutiérrez, quien hoy ocupa la Alcaldía de Medellín, celebró la decisión del juzgado y la calificó como una señal contundente de que el país no puede permitir amenazas ni agresiones, sin importar si se hacen en persona o a través de redes sociales.
Defensa apelo el fallo que condenaría a este hombre
Desde la defensa, se anunció la apelación del fallo, por lo que el proceso pasará ahora a revisión en una segunda instancia.
Sin embargo, el juzgado dejó claro que este tipo de conductas no pueden seguir tratándose como simples opiniones personales, y que hay límites legales cuando se pone en riesgo la vida o la integridad de otros, especialmente cuando se trata de funcionarios que ejercen cargos de elección popular.