Confirmado: renunció la viceministra de Educación Superior

Este marte 25 de julio, se conoció oficialmente la renuncia irrevocable de la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano, quien había permanecido tres meses en el cargo después del ascenso de la actual ministra Aurora Vergara. 

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Quijano, quien es profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali, llegó este cargo desde abril, luego de la renuncia del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. 

"Agradezco su confianza en mi trabajo y el haberme permitido trabajar por la educación superior en el país y acompañar con mi experiencia profesional los programas de transformación del Gobierno del Cambio establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo", se lee en el documento emitido hacia la ministra Vergara. 

Así mismo, la funcionaria aclaró que permanecerá en sus funciones hasta el próximo 31 de julio. Por último, le deseó un buen camino a la ministra para realizar sus labores de manera acertada durante este Gobierno.

Esta no es la primera renuncia que se conoce en el mes de julio en el sector educativo. Andrés Molano, director del ICFES, se retiró de su cargo el pasado 4 de julio, lo cual representa un cambio en los planes del Ministerio. 

Quijano era una de las que estaba liderando la reforma a la Ley 30, la cual fue presentada en el Congreso el pasado 20 de julio, debido a su gestión especializada en la educación superior. 

¿De qué se trata reforma a la Ley 30? 

Con el fin de hacer algunas modificaciones en la educación superior en Colombia, el ministerio presentó el primer borrador de la reforma a la Ley 30 en pasado jueves, en el inicio de este periodo legislativo. 

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La principal propuesta de este proyecto es cambiar la cobertura de la educación y volverla un derecho fundamental. Actualmente, está contemplado  en la carta magna, en el artículo 67, pero solo habla de la educación básica, la cual solo es obligatoria entre los 5 y 15 años.

"La Ley 30 de 1992 establece que La Educación Superior es un servicio público y que será accesible a quienes demuestren poseer ciertas capacidades y condiciones; por lo tanto, no la contempla como un derecho",  le explicó el equipo de comunicaciones del Ministerio a Noticias RCN. 

Así las cosas, el propósito es quitar las barreras del acceso a la formación profesional que actualmente existen en diferentes regiones del país. Con esta iniciativa se ampliaría la cobertura creando estrategias para que personas en condición de desigualdad, discriminación y pobreza puedan acceder a ella.

Las barreras que actualmente existen en este población hacen referencia a carencia de recursos y condiciones para tener transporte digno hasta las instituciones y falta de conectividad en muchas zonas rurales del país. 

De esta manera, la reforma estaría enfocada a población carcelaria, minorías étnicas e indígenas, población carcelaria, campesinos, entre otros.