Confirman embarazo de reclusa que denunció abuso sexual por funcionarios del Inpec en cárcel El Pedregal

Una interna de la cárcel El Pedregal asegura estar embarazada producto de agresiones sexuales.


Noticias RCN

ene 09 de 2025
11:01 a. m.

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La cárcel El Pedregal, en Antioquia, es escenario de graves denuncias por presunto abuso sexual que involucran a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Dos mujeres privadas de la libertad señalaron haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de empleados de la institución. Una de ellas afirma que está embarazada producto de los abusos y asegura que intentaron obligarla a abortar.

En respuesta, las autoridades confirmaron el estado de gestación de una de las denunciantes y tomaron medidas iniciales para garantizar su protección y salud.

Confirman embarazo de la reclusa que denunció abuso sexual en cárcel El Pedregal

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el caso y ratificó que una de las denunciantes efectivamente se encuentra en embarazo.

La funcionaria destacó que se han activado protocolos para proteger su integridad y garantizar atención médica durante el proceso de gestación.

Ha sido solicitado por el ministerio y se ha ordenado por el Inpec directamente que se adopten todas las medidas de protección para la persona que está denunciando, obviamente, pero también se tenga atención particular sobre el embarazo y el proyecto de salud.

En cuanto a las acusaciones, los señalamientos apuntan a dos funcionarios del Inpec, quienes ya fueron apartados de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones.

La Fiscalía asumió el caso, que podría revelar nuevas irregularidades en el sistema penitenciario.

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La primera de las internas, cuya denuncia destapó el escándalo, aseguró que, tras ser víctima de agresiones sexuales, los presuntos responsables intentaron forzarla a abortar al suministrarle sustancias en los alimentos.

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Por su parte, la segunda denunciante manifestó haber recibido sustancias psicoactivas, lo que también configuraría un acto de agresión física y psicológica por parte de los responsables.

La ministra de Justicia insistió en que estas denuncias son una muestra de los riesgos que enfrentan las mujeres privadas de la libertad, y reiteró el compromiso del Estado con su protección:

Es importante partir de la afirmación de la persona privada de la libertad, en este caso, que efectivamente afirma haber sido objeto de una agresión sexual.

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