Congresistas radican moción de censura contra ministro Diego Molano

Más de 30 representantes a la Cámara radicaron ante el Congreso de la República la proposición con la que se busca citar al ministro de Defensa, Diego Molano, a una moción de censura para responder sobre las presuntas irregularidades en el operativo militar realizado en Putumayo el pasado 28 de marzo.

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Katherine Miranda, María José Pizarro, Juanita Goebertus, Mauricio Toro, Inti Asprilla, David Racero y César Pachón están entre los 36 congresistas que solicitan a la Cámara de Representantes iniciar el proceso en el que se buscaría remover del cargo al jefe de la cartera, teniendo como base las denuncias presentadas por la población de Puerto Leguízamo y varias organizaciones de derechos humanos sobre las bajas civiles presentadas como miembros de disidencias.

La proposición de moción de censura presentada ante la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, señala que las investigaciones presentadas por medios de comunicación revelarían que entre los muertos se encontraban un menor de edad, el presidente de la JAC de la vereda Alto Remanso (donde se desarrolló la operación), su esposa embarazada y un gobernador indígena.

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Cabe recordar que no es la primera vez que Molano se enfrenta a una moción de censura ante el Congreso, antes ya lo había hecho acusado de ser responsable de la violencia y abuso policial durante las protestas presentadas en el marco del paro nacional del 2019.

Argumentos para la moción de censura

En el documento radicado por los congresistas se exponen varias presuntas vulneraciones en las que habría incurrido Molano frente al manejo y transparencia del operativo militar que dejó 11 bajas presentadas como miembros de disidencias en la vereda Alto Remanso.

En un primer momento, los representantes señalaron que las declaraciones del ministro posteriores a la operación, podrían comprometer internacionalmente al Estado colombiano, pues “son contrarias al orden constitucional e incumplen en los términos antes señalados los mandatos legales, constitucionales e internacionales”.

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Además, sugieren que se desconoció completamente el Derecho internacional Humanitario y “el principio de distinción ordena que las partes en conflicto deben distinguir entre civiles y combatientes a fin de determinar quién puede ser objeto de un ataque militar”. 

De la información de prensa se desprende que la decisión final de disparar contra la población que se encontraba en el evento se tomó con base en el único criterio de un francotirador a quien la cara de uno de los participantes le resultó similar a la de uno de los comandantes de los grupos armados ilegales contra los que se había planeado la operación militar. Todo esto da cuenta de la inobservancia del principio de distinción.

Finalmente, los congresistas advierten que no hay evidencias presentadas por Molano que desmientan las versiones investigativas presentadas por los medios de comunicación que acudieron al lugar de los lechos para registrar lo sucedido y recolectar los testimonios de la comunidad que presenció el operativo, en el que además aseguraron confundir a los militares con disidentes al inicio de la situación, pues supuestamente estos no iban vestidos con el uniforme que obligatoriamente deben portar.