Congreso investigará presuntos 'sexo contratos' y exigirá auditoría a tres entidades del Gobierno
El debate de control político fue convocado por el senador Enrique Gómez para el próximo 25 de noviembre.
Los denominados 'sexo contratos' llegarán al Congreso de la República. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal y posibles situaciones de abuso de poder contra mujeres dentro de entidades públicas motivaron la convocatoria de un debate de control político que busca establecer qué está ocurriendo y qué medidas debe adoptar el Gobierno Nacional.
La discusión se realizará el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y contará con la participación de funcionarios de diferentes dependencias del Ejecutivo.
¿Quiénes tendrán que responder ante el Congreso?
La citación fue promovida por el senador Enrique Gómez y recibió el respaldo de congresistas de diferentes partidos políticos, incluido el Pacto Histórico.
Entre los funcionarios convocados están los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Departamento Administrativo de la Función Pública y Prosperidad Social. También fueron citados los ministros de Trabajo y del Interior.
Adicionalmente, se extendió una invitación a la fiscal general de la Nación, el procurador general y la defensora del Pueblo.
El objetivo es que durante la sesión se discutan las posibles irregularidades en los procesos de contratación estatal, el abuso de poder, la violencia institucional de género y las garantías de protección laboral para las mujeres que trabajan en entidades del orden nacional.
Pidieron auditoría a tres entidades del Gobierno
Pero el debate no se quedaría únicamente en los cuestionamientos a los funcionarios. Dentro del pliego de compromisos se estableció una exigencia para el Gobierno Nacional: realizar una auditoría forense a los procesos de contratación del Dapre, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Igualdad, actualmente en liquidación.
Con esta revisión se buscaría identificar posibles anomalías en la contratación y establecer si existieron actuaciones irregulares que afectaran los derechos de las mujeres dentro de las instituciones.
Estas serán las reglas del debate:
Uno de los aspectos particulares de la convocatoria es que se estableció una restricción para el desarrollo de la discusión: no podrán mencionarse nombres ni exhibirse fotografías o videos de las personas que puedan estar relacionadas con los señalamientos.
La intención es abordar las presuntas irregularidades desde una perspectiva institucional, sin convertir el debate en un escenario de exposición pública de personas.