Consejo de Estado aceptó tutela de comunidad indígena que pide suspender el trámite de la reforma a la salud
El mecanismo fue interpuesto por seis gobernadores de una comunidad indígena de la serranía de Perijá, que alegan la vulneración de sus derechos fundamentales.
Noticias RCN
09:40 a. m.
Llegar a un acuerdo en torno a la reforma de la salud no ha sido sencillo para la ministra Carolina Corcho. Desde que el texto fue presentado hasta el día de hoy, ha tenido importantes modificaciones y lo que parecía ser innegociable, como la desaparición de las Entidades Promotora de Salud, resultó siendo flexible. Tras varias discusiones entre bancadas y distintos sectores, finalmente las EPS no desaparecerían, sino que modificarían su nombre y funciones. Este punto era uno de los más álgidos de la propuesta.
Pero, aunque se han llegado a acuerdos, parece ser que las inconformidades continúan retrasando la aprobación de la reforma. Aun la escritura de la ponencia podría tardar días por la revisión de los artículos y los debates entre sindicatos y asociaciones del sector salud.
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Y a este proceso se suma una inconformidad más. Este miércoles se conoció que el Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por seis gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo Yukpa.
Esta acción legal fue puesta en contra de la Presidencia y otras entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Congreso y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías. Lo que consideran los gobernadores del resguardo es que se violan sus derechos fundamentales de petición y consulta previa al no discutir con ellos la reforma a la salud.
En el documento se lee: “admítase la acción de tutela interpuesta por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo Yukpa”.
En la tutela, los representantes de la comunidad solicitaron medidas cautelares para que la reforma fuera retirada, pero el Consejo de Estado negó la pretensión, argumentando que no encontraba acreditada la “necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos relevantes invocados por la parte demandante que amerite la intervención urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un prejuicio irremediable”.