Consejo de Estado admitió demanda contra la Superintendencia de Salud por intervención en la Subred Centro Oriente de Bogotá

En mayo de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, organismo encargado de la supervisión y control de las entidades del sector salud en Colombia, ordenó la intervención forzosa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., la cual es responsable de la administración del Hospital San Juan de Dios, un importante centro de salud en la capital del país.

La medida se produjo en medio de crecientes preocupaciones sobre la situación financiera y administrativa de la Subred, pero rápidamente generó una serie de cuestionamientos legales y administrativos.

Recientemente, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), una organización dedicada a la defensa de la legalidad y los derechos fundamentales presentó una demanda de nulidad contra la medida, argumentando que la intervención se realizó sin las garantías legales necesarias y que representa una violación a la autonomía administrativa del Distrito Capital de Bogotá.

Consejo de Estado admitió demanda contra la Superintendencia de Salud

La demanda presentada por FEDe. Colombia, que fue admitida para estudio por el Consejo de Estado, sostiene que la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud se tomó de manera precipitada y sin una evaluación adecuada de las condiciones reales de la Subred Centro Oriente.

Según la fundación, la Superintendencia omitió el uso de otras herramientas menos invasivas que podrían haber sido aplicadas para corregir los problemas identificados en la entidad, como la vigilancia especial, la recapitalización o la implementación de programas de recuperación.

Asimismo, argumentó que la intervención forzosa se basó en una interpretación errónea de la situación de la Subred y que las razones expuestas por la Superintendencia carecen de un soporte probatorio sólido.

Así lo explicó el presidente de la junta directiva de FEDe. Colombia, Luis Guillermo Vélez:

La medida de la Superintendencia carece de un análisis exhaustivo de los diferentes frentes de la entidad de salud intervenida, como la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura.

Paralelamente, añadió que la resolución emitida no solo infringe el ordenamiento jurídico, sino que también afecta directamente la calidad de la atención en salud de los usuarios, en su mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.

¿Cómo se ve afectada la gestión del Hospital San Juan de Dios ante la intervención?

La intervención no solo ha generado tensiones legales, sino que también ha tenido repercusiones en la gestión del Hospital San Juan de Dios y en la ejecución de proyectos de infraestructura clave para la ciudad.

Uno de los puntos más polémicos surgió recientemente cuando la Subred, bajo la administración del agente interventor designado por el gobierno, decidió terminar unilateralmente el contrato con la empresa española COPASA.

Esta empresa había ganado la licitación para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de nuevas instalaciones en el Hospital San Juan de Dios, un proyecto considerado crucial para modernizar la infraestructura hospitalaria de Bogotá.

La decisión de rescindir el contrato se tomó después de que el Ministerio de Cultura se negara a autorizar la demolición de la Torre Central del hospital, una estructura emblemática pero deteriorada.

Esto llevó a la Subred a reconsiderar el contrato con COPASA, generando un nuevo frente de conflicto. En este sentido, la empresa española ha respondido con la iniciación de un arbitraje internacional, en el que busca una compensación económica millonaria por lo que considera un incumplimiento contractual por parte de la Subred.

Este arbitraje, de prosperar, podría resultar en una carga financiera para las arcas de Bogotá, además de retrasar indefinidamente la modernización del hospital.

¿Por qué fue demandada la intervención a la Subred Centro Oriente de Bogotá?

La demanda ha puesto en entredicho la legalidad de la intervención misma, pues esta según mencionan, no solo ignora las medidas preventivas contempladas en la legislación vigente, sino que además fue adoptada sin un estudio detallado de las alternativas disponibles y sin la debida consideración del impacto sobre los usuarios del servicio de salud.

En eso, FEDe. Colombia ha solicitado al Consejo de Estado que suspenda provisionalmente los efectos de la intervención mientras se resuelve el fondo del asunto.

Cabe mencionar que, esa solicitud de medidas cautelares tiene como objetivo proteger la autonomía administrativa de Bogotá y garantizar que cualquier intervención en la Subred se realice con base en un análisis exhaustivo y una justificación adecuada.

Si el Consejo de Estado accede a esta solicitud, la Superintendencia de Salud podría verse obligada a retirar el agente interventor y devolver el control de la Subred a las autoridades locales, lo que tendría un impacto en la gestión del Hospital San Juan de Dios y en la resolución del conflicto con COPASA.

En este contexto, la decisión final del Consejo de Estado será crucial no solo para definir el futuro de la Subred Centro Oriente y del Hospital San Juan de Dios, sino también para establecer un precedente sobre los límites de la intervención estatal en la autonomía administrativa de las entidades territoriales.