Consejo de Estado negó solicitud de pérdida de investidura contra congresistas que aportaron a la 'vaca por Antioquia'

Este 26 de junio, el magistrado del Consejo de Estado, César Palomino, negó la solicitud de pérdida de investidura a diez congresistas por aportar a la llamada ‘Vaca por Antioquia’ destinada a las vías 4G del departamento.

En el fallo, el Consejo consideró que en la donatón no se materializó ningún contrato; a su vez, tampoco se produjeron las circunstancias que sean causantes para la perdida de investidura de los congresistas, como lo estipuló el demandante.

“Para el Consejo de Estado, en este proceso no se materializó un contrato, porque no cuenta con el consentimiento expreso por parte de los legisladores. Además, tampoco se produjeron las circunstancias que dan lugar a la causal de pérdida de investidura, pues no se evidenció que los congresistas intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros”, dice el documento.

Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina y de los señores representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez fueron los senadores que salieron bien librados en la demanda.

¿Quién es la no tan misteriosa persona que demandó la curul de los senadores?

A inicios de abril, la Gobernación de Antioquia puso en marcha una ‘vaca’ para recoger dinero destinado a financiar las vías 4G en el departamento.

Ocho congresistas aportaron a la ‘vaca’. Sin embargo, sus curules fueron demandadas por incurrir en una presunta violación a la ley al momento de dar dinero ejerciendo como congresistas.

El demandante dijo que los legisladores incumplieron con el artículo 180-2 de la Constitución: “Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición”.

La donación de un millón de pesos por cada senador habría constituido en un contrato con la Gobernación, lo cual está prohibido por la ley.

El tema quedó ahí, hasta que se supo quién fue el demandante. Su nombre es Carlos Mario Patiño. ¿Qué tiene de particular? Puede que no sea conocido en la opinión pública, pero al investigar se encontró que fue contratista de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.