Consulta del Pacto Histórico en limbo jurídico tras fallo del Tribunal Superior de Bogotá

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de suspender la medida que permitía al Pacto Histórico avalarse e inscribirse como partido único para las consultas del 26 de octubre generó un limbo jurídico en el panorama político colombiano de cara a las elecciones de 2026.

Esta situación afecta directamente a la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, que planeaba elegir tanto a su precandidato oficial a la presidencia como a sus listas para el Congreso.

El Pacto Histórico asegura que la consulta sigue siendo válida, argumentando que, a pesar de perder el aval como partido único, se inscribieron con los demás partidos que componían la anterior coalición. Sin embargo, fuentes del Consejo Nacional Electoral indican que, al avalarse con la personería única del Pacto Histórico, podría no tener validez para participar en las consultas.

Registrador Nacional se pronuncia tras fallo de Tribunal Superior de Bogotá

Hernán Penagos, registrador nacional, indicó que se encuentran a la espera de la notificación formal del Tribunal de Bogotá para evaluar jurídicamente el impacto en las elecciones.

"Estamos concentrados haciendo la evaluación jurídica, no hemos tenido diálogo, tampoco tenemos por qué hacerlo", afirmó el Registrador, desmintiendo rumores sobre posibles comunicaciones con candidatos.

Según Alexander Rodríguez, abogado especialista en derecho electoral, considera que la consulta sí debería realizarse.

"El fallo, en realidad, en el fondo jurídico no suspende la consulta, simplemente está manifestando que no tutela lo que solicitó Gustavo Bolívar y Carolina Corcho respecto a la resolución del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la fusión del Pacto Histórico", explica a Noticias RCN.

Consulta del Pacto Histórico seguiría en pie, según experto en derecho electoral

El especialista argumenta que los cinco partidos que conforman el Pacto Histórico mantienen su personería jurídica individual, lo que les permitiría participar en la consulta interpartidista. "Constitucionalmente, legalmente, es factible adelantar la consulta", afirma Rodríguez.

Respecto a la fecha de la consulta, prevista para el 26 de octubre, Rodríguez sostiene que debe mantenerse: "Legalmente existe un calendario electoral, legalmente está determinada la fecha de la consulta para realizarse". Además, señala que la logística y la contratación ya están preparadas para esa fecha.

La incertidumbre persiste, y la decisión final recae en la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, el debate jurídico y político continúa, a menos de tres semanas de la fecha programada para la consulta.