Contraloría alertó sobre pérdida de recursos para garantizar los servicios públicos en cárceles del país

La Contraloría General de la República alertó sobre la pérdida de recursos que estarían destinados a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en varios centros penitenciarios el país.

Estos hallazgos fueron encontrados tras un seguimiento permanente durante el primer semestre de 2024 en cárceles, en el que se determinó que habría irregularidades en la ejecución de recursos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, en algunos centros carcelarios.

Pérdidas en cárceles de Huila

De acuerdo con la Contraloría, se trataría de falencias por hasta 1.187 millones de pesos en contratos para el mantenimiento y operación del sistema de aguas residuales en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario, EPMSC, de La Plata, Huila. Además, se mencionan el mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistemas de tratamiento de agua residual en el EPMSC de Neiva, Huila.

El ente encontró incumplimientos en la normatividad ambiental y el riesgo de pérdida de los recursos públicos, pues la Planta de Tratamiento de Agua PotablePTAP del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva, para la fecha de ejecución del contrato, no estaba operando, era de uso doméstico y no contaba con concesión de uso de aguas profundas por
parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Debido a la falta de estos permisos, el vertimiento de aguas residuales continúa haciéndose en el Río La Plata y en el Río Magdalena.

Recursos en cárceles de Meta, Boyacá y Cundinamarca también estarían comprometidos

La Contraloría Delegada para el Sector Justicia también reveló presuntos incumplimientos en dos contratos suscritos por $13.620 millones para el mantenimiento general de la infraestructura física de los establecimientos a cargo del Inpec.

Al respecto, encontró que dos contratos del 2021 y 2022 se encuentran suspendidos desde febrero de 2024, representando atrasos, prórrogas y adiciones en obras de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Acacías, El Barne y Guaduas.

Otros hallazgos de la Contraloría

Entre otras cosas, la Contraloría evidenció la ocupación irregular de viviendas y locales comerciales en inmediaciones del centro penitenciario de Bellavista, en Medellín, lo que impide el cerramiento perimetral del predio.

Al parecer, a pesar de que la información ya es bien conocida, ni las autoridades municipales ni la Uspec han hecho algo para solucionar el problema.

Al contrario, el ente evidenció que se estarían ampliando las zonas de invasión que afectan la seguridad de esta cárcel.