¿Contratos fantasma y obras sin hacer? Contraloría destapa presuntas irregularidades en cárceles de Colombia
Informes del organismo de control señalan posibles fallas en contratos de alimentación, infraestructura y mantenimiento de establecimientos penitenciarios.
Noticias RCN
08:34 p. m.
Las presuntas irregularidades en la contratación del sistema penitenciario vuelven a estar bajo la lupa. En el marco de los hallazgos recopilados en el denominado Libro de la Verdad, salieron a la luz dos informes de la Contraloría relacionados con el INPEC y la USPEC, en los que se advierten posibles anomalías en la ejecución y supervisión de diferentes contratos.
Los documentos revisan situaciones registradas en cárceles de distintas regiones del país y ponen especial atención en la alimentación de las personas privadas de la libertad, así como en proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que algunos contratos habrían permanecido vigentes durante varios años sin cumplir plenamente con los objetivos para los que fueron suscritos.
¿Qué encontró la Contraloría en los contratos de las cárceles?
Los informes evidencian posibles incumplimientos en diferentes procesos contractuales.
Una de las principales alertas está relacionada con los servicios de alimentación para las personas privadas de la libertad, donde se habrían identificado deficiencias en aspectos como el almacenamiento de los productos.
Las imágenes de establecimientos como la cárcel de Cúcuta y La Modelo, en Bogotá, hacen parte de las evidencias utilizadas para mostrar algunas de las situaciones que fueron objeto de revisión.
Pero las alertas no se limitan a la alimentación. También aparecen cuestionamientos relacionados con obras de infraestructura, mantenimiento y adecuación de establecimientos penitenciarios.
Hallan contrato prorrogado por más de 12 años en la cárcel de Buga
Uno de los casos señalados por la Contraloría corresponde a la cárcel de Buga.
Allí, un contrato que fue suscrito en 2013 habría continuado siendo prorrogado hasta 2025, es decir, durante aproximadamente 12 años.
Para el organismo de control, la extensión durante tanto tiempo terminó afectando el propósito inicial del contrato.
El informe señala que, después de 12 años y cinco meses, todavía no se estarían cumpliendo los objetivos esenciales para los cuales fue firmado, situación que habría afectado su ejecución adecuada y oportuna.
¿Qué pasó con los contratos de la cárcel de Riohacha?
Otro de los casos que aparece en los informes corresponde a la cárcel de Riohacha, donde la Contraloría identificó presuntas irregularidades en contratos relacionados con obras cuyo avance habría sido inferior al esperado.
En este caso, los proyectos involucrarían recursos superiores a 13.000 millones de pesos.
La alerta es especialmente llamativa porque, según el organismo de control, la USPEC habría avalado como cumplidos algunos proyectos que todavía no habían sido ejecutados en su totalidad.
Además, los interventores habrían certificado porcentajes de avance que, de acuerdo con la revisión realizada posteriormente, no corresponderían con el estado real de las obras.
¿Las irregularidades están concentradas en una sola región?
No. La revisión de la Contraloría abarca establecimientos penitenciarios ubicados en diferentes regiones del país.
Entre las cárceles mencionadas aparecen establecimientos como La Picaleña, en Ibagué; Popayán; Itagüí y La Paz, en Antioquia, además de los casos de Buga, Riohacha, Cúcuta y La Modelo de Bogotá.