Contraloría detectó millonarias irregularidades en la Unidad de Restitución de Tierras

La Contraloría General de la República estableció seis hallazgos fiscales por un total de 13.694 millones en una auditoría que se realizó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en la gestión del 2024. La entidad también identificó ocho hallazgos con posible alcance disciplinario y otras deficiencias graves que comprometen la gestión de los recursos públicos.

El ente de control advirtió que estos hallazgos reflejan riesgos significativos en la ejecución presupuestal, el cumplimiento de órdenes judiciales y la transparencia en el uso de dineros públicos.

Pagos sin respaldo judicial y fallas en contratos de la URT

Uno de los principales hallazgos fue el pago de 6.026 millones a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S., sin respaldo en decisiones judiciales ni soportes que permitan verificar el uso correcto de los recursos. También se cuestionaron más de 2,7 millones en el contrato 040 de 2024, en el que no se verificaron costos ni se exigieron documentos que garantizaran su correcta ejecución.

Además, se detectaron desembolsos por 2.066 millones a terceros que no estaban reconocidos en sentencias judiciales. Según la Contraloría, estos pagos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, comprometiendo el cumplimiento de fallos judiciales.

Otros contratos fiduciarios también presentaron irregularidades: el contrato 2117 de 2023 mostró deficiencias en los soportes por 1.418 millones, y el contrato 47 de 2024 reportó 1.279 millones en gastos logísticos sin trazabilidad ni detalle desagregado de los bienes y servicios adquiridos.

Fallas estructurales y debilidades institucionales en la URT

La auditoría también reveló problemas estructurales, como la falta de articulación entre la URT y su Grupo Fondo, lo que desconoce el diseño institucional y afecta la eficiencia administrativa.

Asimismo, se encontraron fallas documentales en el cumplimiento de fallos judiciales y en contratos asociados a la operación logística. En un caso, se registró un pago de 192 millones por actividades que no fueron ordenadas judicialmente, y que correspondían a compromisos asumidos por otra entidad pública.

Por último, la Contraloría advirtió deficiencias en el control sobre la administración de predios, específicamente en la determinación de avalúos catastrales o comerciales. También se señalaron debilidades en los procesos de contratación y subcontratación, en donde los soportes no permitían verificar el detalle del gasto ni su trazabilidad.