La Contraloría investigará si el Minjusticia, la Uspec y el Inpec han dejado perder recursos públicos para las cárceles

La Contraloría General de la República le puso la lupa al manejo que el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le están dando a los recursos públicos.

Y es que, según reportó el ente de control, el Uspec y el Inpec tuvieron un presupuesto de 3 billones de pesos durante el 2023 para garantizar que las condiciones de los centros carcelarios fueran las adecuadas y que se presentaran los servicios correspondientes. Además, la cantidad presupuestal ascendió a 3.8 billones en 2024.

Sin embargo, tras una primera inspección realizada en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, la Contraloría halló que el alojamiento de la guardia masculina del Inpec estaba deteriorado y podía caerse, que había múltiples filtraciones y goteras por todo el centro penitenciario, que el espacio en donde estaban los hijos de las reclusas tenía las baldosas rotas y que, además, varias de las privadas de la libertad se encontraban enfermas y no estaban recibiendo la atención médica correspondiente.

¿Qué acciones implementará la Contraloría después de hallar irregularidades en el manejo de los recursos públicos en las cárceles?

La Contraloría General de la República determinó que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización para evaluar cuáles son las condiciones de las cárceles importantes del país como la de El Bosque, en Barranquilla; La Paz, en Itagüí; La Ternera, en Cartagena; la de Girón Palogordo, en Santander; la de Valledupar, la de Santa Marta y la Modelo de Bogotá.

Su objetivo, según expresaron, es proteger los derechos de las 102.877 personas que se encuentran en estos momentos en los 125 centros carcelarios que están funcionando en el país. Asimismo, garantizar que los recursos públicos no estén teniendo ninguna desviación.

La Contraloría General de la República también inspeccionará las salas de audiencia

El ente de control también evaluará si los roles de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura están siendo los adecuados para garantizar que las salas de audiencia de los Centros Transitorios de Reclusión estén funcionando en los tiempos correspondientes.

Estas salas son fundamentales para que los procesos judiciales avancen con celeridad y, por lo tanto, después de la fase de análisis se revelarán los resultados para determinar si se deben interponer sanciones disciplinares e implementar nuevas estrategias que se enfoquen en evitar irregularidades.

“Se emitirá un concepto sobre la forma cómo se ejecuta la habilitación e implementación de las salas de audiencias en estos centros”, concluyó la Contraloría General de la República.