Contrato adjudicado a Alejandro Carranza enciende la polémica a pocos días del cambio de gobierno

A dos semanas de concluir el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) adjudicó un contrato por más de 88 millones de pesos al abogado Alejandro Carranza, defensor legal de Nicolás Petro y de la familia presidencial.

El senador Andrés Forero denunció públicamente la contratación, que se extenderá durante la próxima administración. Carranza, quien ha representado legalmente tanto al hijo del mandatario como a miembros de su círculo familiar, defendió la adjudicación del contrato y precisó su naturaleza profesional.

¿Qué respondió el abogado?

“Este es un contrato para hacer una consultoría estratégica en este momento, un litigio estratégico y es por un término que es de aquí a diciembre, eso es todo”, explicó Carranza.

El abogado especificó que su trabajo consistirá en una consultoría de litigio estratégico relacionada con el proceso de empalme gubernamental y la revisión de documentos solicitados por congresistas.

Esta no es la primera controversia que rodea al jurista. En 2025, su esposa fue nombrada asesora del director de la Aeronáutica Civil, un funcionario a quien Carranza había defendido públicamente.

La designación generó cuestionamientos por la evidente cercanía entre ambos y posibles conflictos de interés.

La denuncia del senador Forero

Noticias RCN reveló que Alejandro Carranza cuenta con un esquema de protección activo proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sobre este tema, el abogado explicó: “El tema de mi seguridad es un tema que realmente amerita la protección, no por ser el abogado de Nicolás, ni por ser sencillamente el abogado de Gustavo Petro, sino por defender en un momento de polarización a personas representantes de un polo”.

La denuncia del senador Forero se suma a otros contratos firmados antes del cambio de gobierno que se extenderán durante la próxima administración, una práctica que ha generado críticas sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos en la fase final del gobierno Petro.