¿Es legal expedir un decreto que reorganiza el modelo de salud?

Una nueva controversia se ha generado en el país luego de que el Gobierno emitiera un decreto que implementa varios aspectos polémicos de su propuesta de reforma a la salud, actualmente en trámite en el Congreso.

Gobierno expidió decreto que reorganiza el modelo de salud

Esta medida ha generado fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y el respeto a la separación de poderes.

El decreto aborda puntos polémicos del proyecto de ley, como la conversión de clínicas en centros de atención primaria, la transformación de las EPS en gestores de salud, y la centralización del flujo financiero del sistema a través de la ADRES.

Sobre esto, los analistas de la Mesa Ancha discutieron sobre la legalidad del decreto. Para Camilo Rubiano, lo que pretende el Gobierno es pasar por encima del Congreso.

“Lo claro es que es ilegal, contrario a la ley, pero lo más grave es que se pasa por encima y por la faja al Congreso de la República. Hemos visto que hay un proyecto de ley que está en trámite (…) hoy lo que vemos es que el Gobierno, como siempre, quiere pasarse por la faja, darle un golpe a la democracia, a la separación de poderes y a las instituciones con este decreto. Es lo que debemos rechazar”, aseguró Rubiano.

Además de los cuestionamientos institucionales, surgen preocupaciones sobre el impacto en los usuarios del sistema de salud. No se ha explicado claramente cómo funcionará el nuevo modelo ni cómo afectará la atención a los pacientes.

El decreto se emite en un contexto de crecientes quejas y problemas en el sistema de salud. Según la Defensoría del Pueblo, las alertas y quejas han aumentado un 75% en los últimos años. El sistema enfrenta una crisis financiera con deudas superiores a 10 billones de pesos.

Para Julio Iglesias, analista de la Mesa, lo que está sucediendo no es nuevo.

"El presidente venía anunciando desde hace meses que la reforma se venía aplicando parcialmente, por eso el énfasis en los comités o en los grupos de atención primaria que están supuestamente recorriendo el país, y eso también ha sido cuestionado sobre la eficacia de esa política. La reforma ya se venía aplicando y los resultados parciales de esa aplicación es una explosión en las quejas, un deterioro en los reclamos, en las tutelas y un deterioro financiero en los actores del sistema. A pesar de eso, el gobierno insiste en una reforma, que ya viene fracasando (...) los dictámenes de los expertos es que la reforma va a empeorar, como estamos viendo en la vida real, la provisión de servicios, de medicamentos".

Algunos ven la medida como una retaliación política tras el nombramiento de Miguel Ángel Pinto, opositor a la reforma, como presidente de la Comisión Séptima del Senado. El decreto se firmó horas después de que el ministro del Interior hablara de llegar a acuerdos con el Congreso.

Incluso, persisten dudas sobre la viabilidad financiera de implementar los cambios propuestos, dado el actual contexto de crisis fiscal.

"Acá lo que hay de fondo es una crisis financiera y por eso hay escasez de medicamentos, porque el flujo de los recursos no está llegando y este decreto no atiende ese problema financiero. Entonces acá cree el Gobierno que, porque habla de palabras muy bonitas como sistema preventivo, solucionará el problema de fondo. No lo solucionamos escribiendo decretos, lo solucionamos con recursos, que es justamente lo que no tenemos, porque la gran duda es ¿De dónde va a salir la plata para seguir sosteniendo un sistema? (..) Eso no está claro tampoco desde el punto de vista financiero y todo ese desorden en lo que se está traduciendo es en peor prestación de servicios y en sufrimiento finalmente para los pacientes”, añadió Julio.