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Corte Constitucional aplaza la discusión sobre decretos de la emergencia económica por las inundaciones en Córdoba

La discusión sobre el impuesto al patrimonio, a la contratación directa y la llamada expropiación administrativa exprés se retomará el miércoles.


Noticias RCN

abr 27 de 2026
09:52 p. m.

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La discusión sobre tres de los decretos que fueron emitidos en medio de la emergencia económica por las inundaciones de inicios de 2026 en Córdoba fue suspendida sobre las 5:00 de la tarde del lunes, 27 de abril, en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Se determinó, en medio de la sesión, que los impedimentos presentados por seis magistrados tendrán que ser resueltos por conjueces el día martes, antes de continuar con la discusión el miércoles, 29 de abril, en la mañana.

Los impuestos sobre la mesa son 1. el del patrimonio, 2. la contratación directa y 3. la conocida expropiación administrativa exprés.

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La Defensoría solicita a la Corte que mantenga en pie el decreto de emergencia económica:

En medio de la discusión, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Corte Constitucional a dejar en pie el decreto de emergencia económica para atender los daños y pérdidas generadas por las inundaciones en febrero de 2026.

En concreto, piden que se “declare la exequibilidad del Decreto 150 de 2026, ‘Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional’”.

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¿Por qué mantener en pie el decreto de emergencia económica por las inundaciones en Córdoba?

Según la Defensoría, el frente frío que generó un aumento desproporcionado en las lluvias entre el 1 y 6 de febrero y, por consiguiente, el desbordamiento de ríos y quebradas, provocando inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, agravó la situación de miles de familias que, hoy, siguen necesitando ayuda, aun bajo amenaza del fenómeno de El Niño.

Los impactos sociales y ambientales, según explicó, “demandan el aumento del recaudo en un contexto de déficit presupuestal y el uso de facultades normativas especiales para conjurar la extensión de estos impactos”, en al menos 181 municipios de ocho departamentos.

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