Corte Constitucional estudiará solicitud de psicóloga que busca suicidio asistido por salud mental

La Corte Constitucional seleccionó para revisión el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga bogotana de 30 años que solicitó acceder al suicidio medicamente asistido como parte de su derecho fundamental a morir dignamente.

Es la primera que la Corte Constitucional estudiará de fondo las barreras que actualmente impiden el acceso efectivo a la asistencia médica al suicidio dentro del Sistema de Salud. El alto tribunal se había pronunciado respecto a la norma, pero no sobre un caso específico.

“La selección del caso es un paso fundamental, pero no es suficiente. Catalina necesita una respuesta de fondo urgente”, señaló Lucas Correa, director de investigaciones de DescLAB.

¿Por qué la Corte Constitucional estudiará el caso de Catalina Giraldo?

Catalina Giraldo vive con un cuadro psiquiátrico descrito como grave, crónico, incurable y refractario. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Durante cerca de una década ha recibido múltiples tratamientos médicos sin lograr una mejoría sostenida.

Según la información entregada por DescLAB, ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. Además, desde 2020 ha requerido alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas.

En octubre de 2025 presentó formalmente una solicitud para acceder a la asistencia médica al suicidio. Sin embargo, la EPS Sanitas negó el procedimiento argumentando que no existe reglamentación del Ministerio de Salud sobre cómo aplicar este mecanismo dentro del sistema sanitario colombiano.

¿Qué podría cambiar con el fallo sobre asistencia médica al suicidio?

El fallo que adopte la Corte Constitucional podría convertirse en el primer precedente de fondo sobre el acceso efectivo a la asistencia médica al suicidio después de la Sentencia C-164 de 2022.

La discusión jurídica incluye definir si la falta de reglamentación puede seguir impidiendo el acceso a este mecanismo y cuáles son las obligaciones concretas de las EPS, IPS y autoridades de salud frente a personas que cumplen los requisitos constitucionales para solicitar la AMS.

El caso además plantea diferencias entre la eutanasia y la asistencia médica al suicidio. Según el comunicado, en la eutanasia el médico administra directamente los medicamentos letales, mientras que en la AMS el profesional prescribe y provee los fármacos, pero es el paciente quien decide cuándo y cómo autoadministrárselos.

Catalina Giraldo rechazó un trámite previo de eutanasia porque considera que la asistencia médica al suicidio refleja mejor su autonomía y su decisión de tener una muerte “segura, acompañada y protegida”.