Corte Constitucional estudiará tutela de Andrés Felipe Arias

La condena ordenada por la Corte Suprema de Justicia fue de 17 años y 4 meses de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos. Foto: NoticiasRCN

La tutela está interpuesta contra la Sala de Casación Penal y será revisada por la magistrada Diana Fajardo.


Noticias RCN

sept 30 de 2019
07:57 p. m.

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La Corte Constitucional revisará a fondo la tutela que presentó el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, con la cual busca la revisión de la sentencia de 17 años de prisión impuesta por el alto tribunal por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). 

La tutela está interpuesta contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a la defensa del exministro, se debe revisar su condena porque fue en única instancia, tal y como estaba establecida la norma en 2014.

Dicha revisión le correspondió a la magistrada Diana Fajardo.

El 12 de julio de este año, Arias llegó a Bogotá luego de que una corte de apelaciones de Estados Unidos le negara en última instancia un recurso presentado por su defensa para frenar su envío a Colombia.

El exministro de Agricultura fue extraditado al país para que responda ante las autoridades por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Seis días después, el Consejo de Estado negó la demanda interpuesta por la defensa del exministro de Agricultura y ratificó su inhabilidad para desempeñarse en cargos públicos por 16 años.

Arias, quien ejerció como ministro de Agricultura en el gobierno Uribe entre 2005 y 2009, se fugó de la justicia colombiana y viajó en 2014 hacia Estados Unidos, donde hasta la fecha llevó su proceso judicial y pasó unas temporadas en prisión y otras en libertad.

La condena ordenada por la Corte Suprema de Justicia fue de 17 años y 4 meses de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, conocido desde el año 2009.

En dicho escándalo, la Procuraduría encontró irregularidades relacionadas a la contratación sin los debidos estudios, irregularidades en los métodos de contratación, actos de corrupción, beneficios indebidos a algunas familias terratenientes y detrimento del erario público.

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