Corte Constitucional tumbó la emergencia económica, social y ecológica para La Guajira
El tribunal dio un plazo de un año al Gobierno y al Congreso para solucionar la crisis humanitaria por escasez de agua en la región.
Noticias RCN
11:43 a. m.
La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. El tribunal declaró inexequible el documento y concedió efectos diferidos a esta decisión por el término de un año para la crisis relacionada con agua. Esto quiere decir que en este tiempo el Congreso y el Gobierno deben regular la crisis humanitaria por el recurso en la región. Solamente en este aspecto la sentencia da un plazo, los demás deben ser cumplidos apenas sea notificada la decisión.
Corte pidió al Gobierno y al Congreso superar crisis en La Guajira
La Corte también hace un llamado para que el Gobierno y el legislativo adopten medidas para superar la crisis del departamento. “Así mismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”.
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Esta decisión de la Corte viene luego de que la Procuraduría pidiera tumbar el decreto. Es “inadmisible la pretensión del presidente de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimado las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta a la región”, dijo la entidad al tribunal en su momento.
¿Qué implicaba que el presidente declarara emergencia económica, social y ecológica en La Guajira?
El presidente había visitado previamente el departamento para anunciar su declaración de emergencia; esta decisión duraría 30 días y le permitiría al Gobierno ejercer facultades para dictar normas con fuerza y rango de ley, destinadas al manejo de crisis y la minimización de sus efectos. La Procuraduría cuestionaba que esto fuera una forma del mandatario para asumir funciones propias del legislativo.
La situación en ese departamento del país es complicada, especialmente por la falta de agua. El sistema de salud de la región es precario, y la desnutrición sigue siendo una problemática que cobra vidas de inocentes, la de los más pequeños.
La Superintendencia de Salud hizo auditorias a cinco EPS, en las que se reportaron 14 de los 27 casos de mortalidad por desnutrición durante este año. La entidad alerta por falta de seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia