Corte IDH condenó al Estado colombiano por perseguir al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
El Tribunal encontró que entidades estatales recopilaron información para descalificar e intimidar a los miembros de la corporación.
Noticias RCN
02:53 p. m.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la persecución a los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sobre los cuales se habría ejercido más de 10 violaciones a derechos fundamentales.
El Tribunal aseguró que Colombia es responsable "ejecutar actividades arbitrarias de inteligencia" contra defensores de derechos humanos desde 1990.
Debido a esto, el Estado fue declarado "responsable internacionalmente" por "la violación de distintos derechos humanos, en perjuicio de determinados miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos", señaló el fallo.
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"Entregaron información a grupos paramilitares"
La Corte IDH agregó que Colombia "vulneró" los derechos de las víctimas, al "recopilar y conservar distinta información, incluidos datos personales" que fueron usados para elaborar archivos y hojas de vida "que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas", agrega.
Estos actos generaron que los miembros de CAJAR fueran descalificados y vinculados con grupos guerrilleros.
Asimismo, el colectivo fue blanco de "hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales". Para la Corte, esto provocó que el Estado creara "una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas" al entregar estas informaciones a organizaciones paramilitares.
Entre 2002 y 2010, algunos miembros del colectivo tuvieron que exiliarse luego de amenazas y estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.
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Finalmente, el máximo tribunal estableció que Colombia está obligada a investigar los "hechos de violencia" contra las víctimas, depurar los archivos de inteligencia y adecuar la normativa al respecto, entre otras medidas de reparación.