Corte Suprema cuestionó polémico proyecto de Minjusticia sobre criminales en prisión
La presidenta de la sala de Casación Penal estuvo en la sesión en donde se presentó el borrador del proyecto.
Noticias RCN
06:57 p. m.
El Ministerio de Justicia, en cabeza del jefe de cartera, Eduardo Montealegre, está impulsando un proyecto que ha generado polémica.
La iniciativa pone sobre la mesa la posibilidad de tener un tratamiento penal diferente para los miembros de grupos armados, de organizaciones de alto impacto, financiadores, colaboradores, entre otros.
¿Qué plantea el borrador?
Este proyecto otorgaría penas diferenciales para quienes estén en diálogo con el Gobierno. La polémica está en, por ejemplo, la libertad condicional para capos condenados que hayan cumplido cinco años en un centro carcelario.
“Tiene lo mejor de la justicia ordinaria y lo mejor de la justicia transicional para poder garantizarle a las víctimas sus derechos, incluido su derecho a vivir tranquilos y en paz en sus territorios, y propender por la reintegración”, expone el documento.
Las consideraciones de la Corte Suprema
En representación de la Corte Suprema, la presidenta de la sala de Casación Penal, Myriam Ávila, participó en la sesión del Consejo Superior de Política Criminal en la que se discutió este polémico proyecto.
Frente a su contenido, Ávila señaló que la iniciativa no ha tenido discusiones y deliberaciones suficientes. En ese orden de ideas, consideró que al ser un tema tan delicado, requiere que a nivel nacional haya más consensos y un análisis con mayor profundidad.
La magistrada también precisó que no se advierte sobre los desafíos operacionales y el impacto fiscal, reflejados en la asignación de responsabilidades a la Rama Judicial Ordinaria.
“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”, sostuvo.
Para Ávila, es fundamental una mayor justificación con respecto a la insuficiencia de los modelos normativos para satisfacer los fines del proyecto. En pocas palabras, debe haber motivos más robustos sobre por qué acogerse a esta metodología es más efectivo que los mecanismos ya existentes en la justicia.