Corte Suprema deja en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, prófugo por caso de la UNGRD
El exdirector del Dapre se encuentra en Nicaragua bajo asilo político. Un funcionario de la embajada de Colombia en el país centroamericano habría solicitado su residencia al Gobierno de Daniel Ortega.
Noticias RCN
09:06 a. m.
En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional que pesa contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, presunto cerebro del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el alto tribunal, en primera instancia no se transgredió la presunción de inocencia de González; lo que “confirma la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal”.
¿De qué se acusa a González?
Carlos Ramón González que, otrora, fue uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro, es acusado de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, siendo director del Dapre —que gestiona y ejecuta los recursos financieros de la Presidencia— se habría reunido con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para ordenarle que entregara 70.000 millones de pesos en contratos a los presidentes de Senado (Iván Name) y Cámara (Andrés Calle) para “impulsar” los proyectos del Gobierno del cambio en el Congreso.
Bajo asilo del régimen de Daniel Ortega:
En agosto de 2025, tras huir de Colombia, en donde tiene una orden de captura desde el 3 de julio de ese mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que le fue concedido el asilo político a Carlos Ramón González.
De acuerdo con la cartera del régimen de Daniel Ortega, se adoptó la decisión entendiendo que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".
La Cancillería de Colombia respondió que es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común". Tiempo después se conoció que un funcionario de la embajada de Colombia en el país centroamericano habría solicitado que otorgaran la residencia al exdirector del Dapre. Un tema sobre el que el Gobierno dijo no estar enterado cuando sucedió.