Corte Suprema niega por tercera vez la libertad a Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la UNGRD
La exconsejera presidencial permanece detenida tras fracasar nuevamente en su intento de obtener libertad por vencimiento de términos o vía hábeas corpus.
Noticias RCN
11:06 a. m.
Por tercera vez, la justicia le cerró la puerta a Sandra Ortiz en su intento por recuperar la libertad en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción constitucional presentada por su defensa, con la que buscaba obtener la libertad.
Con esta decisión, la exconsejera presidencial para las Regiones continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
La razón por la que negaron por tercera vez la libertad a Sandra Ortiz
El alto tribunal estudió la tutela interpuesta contra varias autoridades judiciales que previamente habían intervenido en decisiones relacionadas con su situación jurídica.
En particular, analizó dos puntos centrales: el trámite del hábeas corpus y la determinación adoptada por el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había negado la libertad por vencimiento de términos.
Tras revisar los antecedentes y argumentos, la Sala concluyó que no existía vulneración de derechos fundamentales en la decisión adoptada dentro del trámite de hábeas corpus.
Para la Corte no hubo irregularidades que justificaran intervenir vía tutela en una decisión que ya había sido adoptada dentro del marco legal.
La Corte concluyó que la accionante contaba con un medio ordinario idóneo para controvertir esa decisión (el recurso de apelación) del cual desistió de manera voluntaria, lo cual impide habilitar la intervención del juez de tutela.
Los intentos fallidos de Sandra Ortiz para quedar en libertad
El revés judicial se suma a una serie de intentos fallidos por modificar la situación jurídica de la exconsejera presidencial para las Regiones.
En los últimos meses, su defensa ha solicitado acceso a informes financieros de terceros, ha pedido la preclusión del proceso penal y ha alegado cambios en los fundamentos del delito de tráfico de influencias desde la imputación inicial. Ninguna de estas solicitudes ha prosperado.
Además, Ortiz manifestó en su momento haber solicitado un principio de oportunidad para aportar información que permitiría revelar órdenes superiores dentro de la cadena de hechos investigados, postura que supone un reconocimiento de participación en el entramado de corrupción.
Esa posición colaborativa contrasta con la estrategia desplegada en los estrados judiciales, donde la defensa ha negado los hechos, alegado vulneración de derechos fundamentales e incluso cuestionado la existencia misma de las conductas imputadas.