Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió, en las recientes horas, la situación jurídica de seis congresistas, negando la solicitud de imponerles medidas de aseguramiento.

Corte Suprema negó captura de seis congresistas implicados en el caso UNGRD

Los implicados son los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, y los senadores Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.

De acuerdo con el alto tribunal, aunque existen indicios que vinculan a los legisladores con las irregularidades, no se cumplen las condiciones necesarias para justificar su captura preventiva.

Según los hechos presentados en el proceso, durante el segundo semestre de 2023, los congresistas, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían participado en un presunto esquema de negociación criminal.

En este esquema, habrían aceptado "promesa remuneratoria" de funcionarios del Gobierno Nacional. A cambio, los congresistas debían conceptuar favorablemente sobre operaciones de crédito público sometidas a su consideración por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La supuesta remuneración estaba vinculada al avance de tres proyectos de infraestructura con un valor global estimado en más de 92.000 millones de pesos, que serían ejecutados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los proyectos incluían obras de emergencia para el drenaje en Cotorra, Córdoba, control de inundaciones en Saravena, Arauca, y estructuras de contención en El Salado, Carmen de Bolívar, Bolívar.

El caso forma parte de un entramado de presunta corrupción en el que recursos y contratos de la UNGRD habrían sido utilizados como mecanismo de influencia política. Las pesquisas continúan para determinar el alcance de las conductas y la responsabilidad de los involucrados.

Por otro lado, el documento de más de 800 páginas detalla los argumentos de la defensa de los congresistas, quienes negaron la existencia de indicios graves de responsabilidad que justificaran una medida de aseguramiento.

La defensa de la congresista Karen Manrique Olarte, por ejemplo, sostuvo que la falta de participación en la votación de la CICP no podía ser interpretada como una falta, sino como un ejercicio de curul de paz.

Corte determinó que sí existió una operación criminal desde el alto Gobierno

Además, los abogados argumentaron que no existían pruebas de que los implicados hubieran recibido dádivas a cambio de su voto. Los defensores también resaltaron que la Corte no logró establecer la presunta promesa remuneratoria ni el beneficio prometido a los implicados.

A raíz de estos argumentos, la Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad, aunque el proceso penal continúa para definir la situación jurídica de los sindicados por el delito de cohecho impropio.

Tras conocerse la decisión, el abogado de Olmedo López, José Moreno Caballero, se pronunció y aseguró que esta verdad no habría salido a la luz sin el testimonio de su defendido.

"No hay precedente de colaboración de este nivel en la lucha contra la corrupción. Hoy el país recibió una confirmación histórica. La Corte Suprema de Justicia ha concluido que sí existió una operación criminal desde el alto gobierno para comprar el voto de congresista. Esta verdad dolorosa, pero necesaria, no habría sido posible sin el testimonio valiente y documentado de Olmedo López", indicó Caballero.

También aseguró que su defendido "ha colaborado con la justicia entregando pruebas, fechas, chats, documentos, nombres que hoy han sido validados por la Corte Suprema Justicia en una decisión de 799 páginas. La verdad no solo se celebra con aplausos, se protege con decisiones como estas. La corte no solo escuchó su relato, le otorgó la plena credibilidad".